PARIAS EN LA ADMINISTRACIÓN

A propósito de la reducción de gastos en las administraciones públicas.

Se viene hablando estos días de la contención del gasto en las administraciones públicas y, como aparecía en la prensa aragonesa, El gobierno de Aragón pide a los funcionarios que ahorren en teléfono, papel y viajes; esto es, se pretende ahorrar en base al gasto corriente, lo cual en principio parece algo positivo, aunque basta enfocar un poco más la mirada para darnos cuenta de que una vez más se trata de medidas publicitarias, que no quieren ir al fondo de la cuestión: los gastos corrientes representan un 3,53% del Presupuesto de la Comunidad.

Pero esta medida tiene un importante valor simbólico, ya que en buena medida resume la posición de las administraciones:

1. Responsabilizan a los otros, a los funcionarios públicos, del despilfarro. El problema del gasto se reducen a un problema de moral personal de los funcionarios, especialmente los “operativos” (auxiliares administrativos, …), negando que existen otras partidas mucho más proclives al despilfarro, como los gastos de personal , por ejemplo, que representan cerca del 40% del presupuesto.

2. Hacen recaer el recorte sobre lo pequeño.

a. En primer lugar, sobre la partida más pequeña; esto es, de la que por más que se exprima, al final se puede ahorrar muy poco, por bien venido que sea el ahorro, siempre y cuando no repercuta en un deterioro del servicio; por ejemplo, que a terapeutas ocupacionales se les nieguen materiales (cartulinas, …) para trabajar con las personas mayores, enfermas, discapacitadas, … ; que los servicios de atención a personas enfermas carezcan de los mínimos medios, …

b. Hacer recaer buena parte de los recortes sobre “los otros trabajadores” de la administración: el personal de las subcontratas, que se están convirtiendo en los verdaderos paganos de los recortes, a través de una gestión que, podemos decir, se produce con “nocturnidad y alevosía”. Nocturnidad, porque se hace a la sombra de procedimientos de contratación cada vez menos claros. (Por ejemplo, al amparo de la nueva ley de contratación, las administraciones disponen de instrumentos como la homologación de bienes y servicios (seguridad, limpieza) que es justificada en un ahorro de gestión, posibilita reducir la competencia entre empresas, al seleccionar un número muy reducido de empresas (se excluyen las pequeñas, las “débiles”, ¿las honradas?), al tiempo que se reduce la publicidad y transparencia de los procesos. Así las cosas, no resulta difícil entender la alevosía: el establecimiento de connivencias entre administración y empresas, a fin de que cada una alcance sus objetivos: la administración ahorrar lo más posible; las empresas obtener el máximo beneficio (queda como tema para otra entrada el comportamiento de los sindicatos, y sus extrañas alianzas con algunas de estas grandes empresas, multinacionales a veces). Vemos, pues, como las empresas presentan ofertas cada vez más bajas, al tiempo que la administración relaja su vigilancia y celo (incumplimiento de condiciones de los pliegos, de la obligación de sustituir bajas, de cubrir todas las jornadas previstas, de las calidades en los productos, …). Añadir, que además es un proceso silencioso, invisible: son trabajadores y trabajadoras con sueldos muy bajos (muchos, ni siquiera mileuristas); con poca fuerza y capacidad organizativa, ignorados por los sindicatos de la función pública,… Lo más grave, que una administración pública, para más inri autodenominada socialista, favorece y protege una situación en la que el capital tiene todos los derechos y los trabajadores ninguno, una situación en que las personas que quieran actuar en sentido contrario, parecen condenadas al fracaso.

3. Finalmente, como viene siendo habitual, las medidas carecen del necesario “liderazgo moral” que sería exigible a los cargos políticos, a los responsables de la administración pública y, por extensión, al conjunto de funcionarios y trabajadores.

a. ¿ Acaso la situación de paro y empobrecimiento de amplios sectores no está exigiendo una decisión firme de acabar drásticamente el despilfarro, de controlar y replantear los sueldos de los políticos (empresarios, finanzas); sus viajes, sus protocolos, … para dar paso a un empleo lúcido y sensato de los recursos de que se disponen?

b. Esto no se puede quedar en manos del Gobierno y del partido en el poder. Afecta a todos, partidos, sindicatos, asociaciones,… También a las personas concretas que, como ciudadanos y trabajadores, algo tendrán que decir.

c. La situación actual está pidiendo la implantación de una ética pública, la necesidad de una “liderazgo moral”, pues la crisis de valores está afectando a todos los niveles del quehacer humano (social, económico, político) y estimulando una falta de confianza y de esperanza en los líderes políticos, al tiempo que un gran sentido de solidaridad.

No cabe duda de que la situación es compleja y acertar con las soluciones no es tarea fácil. Ahora bien, lo que no es perdonable, bajo ningún concepto, es la continuidad, aunque sea bajo otras formas, de la corrupción, la tolerancia de políticos y sindicatos con la misma, y la insolidaridad en la vida pública del país, especialmente con los menos favorecidos, con sus propios parias.