Fernando Rodrigo. Publicado en la revista “porExperiencia” nº 58, editada por el ISTAS, Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud.
5.693.100 personas sin trabajo en el pasado mes de junio: el
24,63% de la población activa, una de cada cuatro personas está en paro. El
letal cóctel de recortes presupuestarios, recesión y reforma laboral han
llevado al récord histórico de desempleo en España. En el periodo de junio 2011
a junio 2012 se han destruido más de 885.000 puestos de trabajo y estas cifras
siguen creciendo.
A finales de este año vamos a alcanzar los 6 millones de
parados, ya ni el Gobierno se toma la molestia de desmentirlo. Se destruye
empleo en todos los sectores y colectivos. En el sector privado, pero también
–y cada vez más– en el sector público, que hasta 2011 no lo hacía –solo en el
trimestre abriljunio más de 65.000 empleos perdidos y eso que aún no se
contabilizan todos los empleos públicos no renovados en septiembre: profesores
(decenas de miles), sanitarios, trabajadores sociales, despedidos por ERE en
televisiones públicas, fundaciones, empresas, etc–. Un 5% menos de asalariados
en las Administraciones Públicas, pero un 11% en los ayuntamientos. Solo el
último día de agosto se produjo una caída de afiliados a la Seguridad Social de
194.970 personas, una cifra espectacular y sin antecedentes en meses similares
de otros años. Lo que presagia muy malas expectativas de empresas y empleos
definitivamente perdidos con el final del verano.
Entre enero y agosto, la cifra de personas apuntadas a las listas
del paro se ha incrementado en 494.707 personas, un 11,98%. Pierden su trabajo
las personas con contrato temporal, pero también las que tienen contratos
indefinidos. La destrucción de los llamados empleos fijos es ya generalizada.
Para esto se hizo la reforma laboral, para abaratar los despidos y
facilitarlos, sobre todo para los que tenían contratos indefinidos. Se trataba
de forzar una devaluación de costes salariales al precio social que fuera, con
el desgarro que se hiciera necesario y así está sucediendo.
Hay un deterioro sin precedentes de nuestro mercado de
trabajo que tiene efectos sociales inmensos, todos ellos tremendamente
negativos para las personas y para la sociedad en su conjunto. No son solo los
más de tres millones y medio de empleos destruidos en cinco años y la falta de
horizonte que hoy existe sobre cuándo remitirá la actual situación, ni los
jóvenes sin esperanza de encontrar un empleo digno de tal nombre, es también el
aumento forzoso de los empleos a tiempo parcial debido a la imposibilidad de
encontrar otros mejores. Hoy trabajan a tiempo parcial 1.457.000 personas, el
doble que antes de la crisis. Estos empleos concentran todos los parámetros de
la precariedad: temporalidad, salario bajo, inseguridad, escasa previsibilidad
y certidumbre, dificultad para hacer una mínima carrera laboral ascendente.
Más trabajadores por cuenta propia –un total de 3.012.300–
frente a la fuerte disminución que experimentan los trabajadores asalariados,
que ya alcanzan las cifras de antes de la crisis. Muchos son los llamados
trabajadores independientes –en su mayoría, falsos autónomos o personas que se
ven obligadas a precarizarse a sí mismas para sobrevivir– y que constituyen una
buena expresión de la crisis que atraviesa el trabajo asalariado y la falta de
expectativas presentes y futuras. La economía sumergida y el empleo informal
–por más deteriorado y precario que sea– están en crecimiento y suponen una
válvula de escape en la hoya social de la actual situación, por lo que no es
combatido de manera convincente por los gobiernos de turno. Ahí tenemos el 20%
de nuestra economía sin aflorar y a una parte significativa de personas
trabajando sin condiciones sociales ni laborales dignas de tal nombre.
Hay más de 1.700.000 hogares en los que todos sus miembros
están en paro, un 27% de aumento con respecto al año pasado. O sea, en clara
situación de pobreza o de amenaza de pobreza y de exclusión social. Aumenta
también el paro de larga duración, el que supera el año, que ya afecta a casi
tres millones de personas. Por tanto, las situaciones que vivimos tienden a
convertirse en estructurales y así debieran de ser consideradas desde las
políticas públicas. Pero desgraciadamente no se hace. El mercado de trabajo de
nuestro país presenta unas características distintas al de la mayor parte de
los países de la Unión Europea. Desempleo masivo muy superior a la media de la
UE (24% frente a 11%), desigualdad territorial entre las comunidades autónomas
(más del 33% en las del sur, Andalucía y Extremadura, frente a menos del 15% en
las del norte, País Vasco y Navarra), el doble de empleo temporal y paro
juvenil masivo. La temporalidad afecta más a las mujeres, a los jóvenes, a los
mayores, a los inmigrantes y a las personas de menor nivel educativo. En
general más a las actividades manuales no cualificadas que a las no manuales
cualificadas. Factores todos ellos que abundan en la generación e incremento de
desigualdades sociales.
La reforma laboral no solo no ha corregido ninguno de estos
problemas, sino que ha venido a agravar todos y cada uno de ellos. Hoy tenemos
un mercado de trabajo igual de dual –23% de contratos temporales– pero más
precarizado, con empleos más amenazados y con más personas vulnerables; tanto
en los em pleos fijos como en los temporales, en las categorías de trabajo
manual y en las no manuales, entre los cualificados y los no cualificados, en
los hombres y las mujeres y entre los jóvenes y los mayores. La precariedad –el
precariado– entendida como situación de inseguridad y vulnerabilidad, bajos
salarios, escasa protección social e incapacidad práctica para defender los
derechos, alcanza a más del 50% de la población laboral, distribuyéndose de
manera desigual según sexo, edad, ocupación y procedencia nacional, de forma
que los trabajadores que forman el llamado precariado son mayoritariamente
mujeres, jóvenes, trabajadores manuales y no manuales no cualificados e
inmigrantes.
Ya no hay categorías, ni actividades ni colectivos al margen
de la crisis ni del riesgo de sufrir el desempleo. La crisis y la reforma
laboral nos están homogeneizando –a peor– a la fuerza. Solo 6 de cada 100
contratos que se hacen son indefinidos. La reforma laboral nos la trataron de
vender diciendo que era para favorecer la contratación y fija y frenar la
temporal, y lo que vemos es una destrucción de empleo generalizada y la
utilización de las modalidades más precarias de contrato –temporales y a tiempo
parcial– que no solo no se reducen de manera significativa, sino que aumentan,
especialmente estas últimas. Frente a una destrucción de empleos a tiempo
completo de 110.000 en el 2º trimestre de este año, se ha producido un aumento
del empleo a tiempo parcial de 94.300 puestos de trabajo. El paro juvenil
–menores de 25 años– asciende al 53,28%. La expectativa de encontrar un empleo
para los jóvenes, en general, es muy baja y cuando lo logran, es con contratos
de gran precariedad y salarios miserables. Para los universitarios, que hasta
hace dos años encontraban trabajo con relativa facilidad, es cada día más débil
–están abandonando nuestro país a marchas aceleradas–, dado que el sector
público era el principal demandador de empleo para estas cualificaciones y
perfiles profesionales, ya fuera en la educación, la sanidad, la judicatura,
los cuerpos de inspección, la administración general, etc.
Menos empleos, de peor calidad y con condiciones de trabajo
cada día más penosas. Los que hasta hoy mantienen el empleo, manifiestan cada
vez más el temor a perderlo. Se les presiona para devaluar sus condiciones de
trabajo bajo la amenaza de poner en riesgo su trabajo. Ello implica en muchos
casos aceptar rebajas de salarios y/o categorías, aumento de horarios y
modificaciones unilaterales, hacer horas extras sin cobrarlas, aumentar los
ritmos, renunciar a días de vacaciones, etc. En definitiva, una degradación
general y en todos los sectores de las condiciones laborales que no se producía
en España en todo el periodo democrático
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