La Asociación para la Defensa de
la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM) ha realizado una encuesta a 300
pensionistas que han acudido a centros de Atención Primaria en Madrid y han
recibido una prescripción farmacéutica en la primera semana de implantación del
nuevo sistema de copagos en medicamentos.
La aportación promedio del copago
correspondiente al 10% de los medicamentos que utilizan al mes era de 48 EUR
(rango de 16 a 298 EUR), en el caso más elevado suponía el 45,84% del importe
de la pensión.
Un total de 9 pensionistas (3%)
señalaron que no iban a comprar los medicamentos prescritos por problemas
económicos y 54 mas señalaron que no podrían comprarlos a final de mes
(en total 63, el 31% señalaron que no podrían comprar los medicamentos
prescritos todo el mes).
Además, 72 de los pensionistas (el 24%) consumían alguno de los medicamentos que van a dejar de ser financiados por la Sanidad Pública, con lo pasaran o a dejar de consumirlos o a pagarlos íntegramente de sus bolsillos, lo que señalaron continuarían haciendo si se lo permitían sus ingresos, aunque es evidente que ello incrementara el número de pensionistas que no podrán comprar los medicamentos que precisan.
Además, 72 de los pensionistas (el 24%) consumían alguno de los medicamentos que van a dejar de ser financiados por la Sanidad Pública, con lo pasaran o a dejar de consumirlos o a pagarlos íntegramente de sus bolsillos, lo que señalaron continuarían haciendo si se lo permitían sus ingresos, aunque es evidente que ello incrementara el número de pensionistas que no podrán comprar los medicamentos que precisan.
A pesar del tamaño muestral, se
evidencia que existe un elevado porcentaje de pensionistas que, como efecto de
los nuevos copagos, no van a poder consumir los medicamentos prescritos
por su médicos como resultado de los copagos y del injusto mecanismo que hace
que los pensionistas adelanten a las CCAA parte del dinero de los mismos, a expensas
de una supuesta devolución de los excesos pagados en 6 meses. Estas personas,
por lo tanto, verán incrementarse sus problemas de salud, evidenciando la
irracionalidad de una política sanitaria que penaliza a las personas más
enfermas y más pobres para preservar los beneficios de la industria
farmacéutica y pagar los desaguisados de la banca.
ASOCIACION PARA LA
DEFENSA DE LA SANIDAD PUBLICA DE MADRID
11 de julio de 2012
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