¿Cuál es la lógica? Qué para fomentar el alquiler de viviendas hay que reforzar el poder del capital (aunque sea inmobiliario no deja de ser un capital). Si llevamos esta lógica a la reforma del mercado de la fuerza de trabajo, habrá que aceptar las propuestas de la patronal: contrato sin cotizaciones, sin seguros, … ya que lo importante es trener contento al capital para que el negocio funcione.
Olvida nuestro gobierno socialista, que el problema de la vivienda en España no es un problema de falta de poder de los propietarios (en algún caso puede suceder alguna situación de abuso, que pone de manifiesto la ineficacia de una administración de justicia, convertida en vaca sagrada). Todas las reformas han ido en la línea de reforzar el poder de la propiedad, y no se ha conseguido fomentar ese forma de acceso a la vivienda. Seguramente, porque el problema es más de tipo cultural que de correlación de fuerza entre propietarios e inquilinos; dado que estos últimos si viven de alquiler lo hacen, mayoritariamente, por su falta de recursos para acceder a una vivienda en propiedad. Una forma de pobreza que suele ir acompañada de otras pobrezas, que los hace todavía más vulnerables frente a los propietarios de vivienda.
Seguramente, el mobbing inmobiliario, basado en motivos especulativos, ha sido mucho más frecuente en estos últimos tiempos de boom inmobiliario, que los problemas de desahucio por impago, sin embargo, ni se les da la misma atención, ni se legisla para atajar ese problema en su raíz.
Además, si lo que se pretende es fomentar la vivienda de alquiler no parece que el reforzamiento de la cultura de la propiedad y las soluciones judiciales sean las formas mejores de hacerlo. Mejor hubiera sido una tarea pedagógica para demostrar que la propiedad no es un absoluto, que el derecho a la vivienda, incluso de las personas con recursos escasos, es anterior al derecho a enriquecerse de algunos propietarios; que el derecho a la vivienda es un derecho básico en la constitución, en la declaración de derechos humanos, … y sin embargo recibe menor protección por parte de las autoridades que el único derecho sacrosanto de nuestra sociedad: la propiedad privada.
No es de extrañar que los albergues estén llenos, que muchas familias trabajadoras tengan que recurrir, en lo que para ellas es una situación vergonzante, a Caritas o a los servicios sociales para poder hacer frente al pago de su vivienda; que el número de desahucios se haya disparado, en esa conjunción de dificultades para pagar hipotecas, y mayores facilidades para echar a inquilinos que sufren la crisis.
Reforma del mercado de trabajo (propietarios del capital productivo), reforma de las pensiones (promovida por los propietarios del capital financiero y especulativo), reformas del sistema sanitario (promovidas por grandes holding de capital que buscan desde construir hospitales a gestionar esos servicios); reformas de los servicios sociales, mediante la subcontración promovida por intereses empresariales… ¿A todas va a aplicar los mismos principios el gobierno: la defensa del capital frente a los trabajadores, usuarios, pacientes,…?
Ciertamente, la derecha todavía puede ser más feroz en la defensa de la propiedad, pero eso no justifica la renuncia a otras formas de fomentar y defender el acceso a los bienes y servicios básicos para la vida humana, y si un partido socialista renuncia a su búsqueda e impulso, reduce su socialismo a la socialización de las perdidas entere los trabajadores y los beneficios entre los propietarios.
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