El artículo 18 del Real (vaya para qué sirve la monarquía) Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de
medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. en su artículo 18, sobre extinción
del contrato de trabajo, establece en su punto 5.d. que esta extinción podrá producirse
“Por faltas de asistencia al trabajo, aún justificadas pero intermitentes, que
alcancen el 20 % de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, o el 25 %
en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses”.
Vamos, traducido a lenguaje entendible, que bastará con que
un trabajador falte nueve días hábiles al trabajo de forma intermitente en dos
meses consecutivos , y aunque sea por causas justificadas (gripe, lumbalgias…)
para que pueda ser despedido con la mínima indemnización de 20 días por año
trabajado con un máximo de 12 mensualidades. También se podrá quedar sin empleo
por las mismas razones si falta entre 20-25 días en cuatro meses discontinuos
dentro de un periodo de 12 meses. Ha bastado eliminar una frase de la anterior
normativa “siempre que el índice total de absentismo de la plantilla del centro
de trabajo supere el 2,5% en los mismos periodos de tiempo». Para disparar
todas las alarmas, pues la eliminación de esta referencia al colectivo
convierte la causa de despido en un tema exclusivamente individual, y pone en
manos de los empresarios una potente arma para deshacerse de trabajadores
mayores, con antigüedad, con problemas de salud… para sustituirlos por otros “más
baratos” y con menos derechos. Una medida, por otra parte, que puede resultar
especialmente perjudicial para las mujeres…
En fin, en cada artículo queda más claro que entiende el PP
y su gobierno por una reforma equilibrada: acentuar el individualismo, para dejar
a los trabajadores sin su principal fuerza: la comunitaria, la colectiva. Se
trata de culpabilizar siempre a los trabajadores de los problemas (en este caso
enfrentado a los “enfermos” con los “sanos” ) del mal funcionamiento de las
empresas, y dejando las manos libres al empresario para que solucione ese falso
problema.
Menos mal que el PP es el partido que defiende a la familia,
y al que bendicen Obispos como Rouco por ello, que si no en vez del despido
igual se planteaban abrir lazaretos o leproserías en que recluirlos. Entre los
muchos ataques a la dignidad de la persona que entraña esta reforma, este
resulta particularmente grave, ya que atenta contra un derecho básico y
universal, como es el derecho a la salud, y espero que desde los sindicatos se
tomen las medidas oportunas, pues es un claro atentado a los derechos humanos,
incluso en su vertiente individualista, y un atentado contra la constitución
que en su artículo 43 Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
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