En fin, gobernar en base a los principios de la propaganda política, de la que Joseph Goebbels fue un maestro. En particular, la aplicación de dos de sus principios: el principio de la exageración y desfiguración, consistente en convertir cualquier anécdota en amenaza grave y el principio de vulgarización. Por el que toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa; además, tienen gran facilidad para olvidar.
No está en mi mente, al hablar de anécdota, trivializar el asesinato de Marta de Castillo, o cualquier otro caso de asesinato. Anecdótico significa también, según la Real Academia de la Lengua, circunstancial. Y precisamente eso, legislar en base a convertir hechos circunstanciales en amenazas graves para la ciudadanía y el orden público, es lo que, me parece identificable a la política propagandística nazi. También me parce populismo puro y duro, equiparable a los mejores programas de telebasura, la escenificación y manipulación por parte del Partido Popular de este tipo de situaciones, por minoritarias -cuantitativamente hablando- que sean
Independientemente de nuestra opinión personal y subjetiva sobre la sentencia, algo a lo que lógicamente tenemos derecho, en este y en cualquier sentencia del tipo que sea, hay un elemento que habrá que tener en cuenta: que la sentencia que condena a 20 años de cárcel a Carcaño, y absuelve a los otros tres acusados, se fundamenta la falta de pruebas objetivas suficientes para condenarlos. Ampliar la condena requerirá, pues, presentar pruebas objetivas, lo demás no deja de ser demagogia, a no ser que la reforma que nos propone Gallardón pretenda basar las sentencias de este tipo de casos en juicios populares que acaben en linchamientos, también populares.
Guarda silencio el señor Gallardón, en sus pasos por el ministerio de justicia, sobre la la corrupción y la justicia y, en particular sobre ese juicio también mediático de los trajes del señor Camps, en el que muchos ciudadanos ven la punta del iceberg de una trma de corrupción y financiación ilegal, en la base de la catastrófica situación de la Comunidad valenciana. En este caso el ministro parece adoptar otros dos principios del recetario de Goebgels: el principio de la transposición, consistente en cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque y, en todo caso, aplicar eso de que si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan y el principio de la silenciación, disimulando aquellas noticias que favorecen al adversario, contraprogramando con la ayuda de medios de comunicación afines.
La corrupción económica y política es consentida y justificada, sin importar que su consecuencia final sea el aumento del yugo sobre los trabajadores, las clases populares y las clases medias. Este, que si es un verdadero escándalo social, un atentado contra el bien común, en el que un jurado “superseleccionado” por una justicia teñida de amiguismo con el poder, ha quedado un 5 a 4. Vamos, que hoy siguen siendo más ciertas que entonces aquellas letras de la Bullonera: “Al que roba en una casa si le pillan lo encarcelan y al que especula con ella no hay guardia que le detenga”, aunque tal vez tuviéramos que ampliar el contenido de alguna estrofa, por ejemplo aquella que decía: “Menos mal que nos protege dicen el Ayuntamiento, si no nos llega a amparar nos roban hasta el aliento”, porque será ayuntamiento, comarca, diputación, comunidad, estado, comunidad europea,…
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