No ha bastado que, en sus últimos años de oposición, el Partido Popular intentará que olvidáramos sus grandes mentiras, y que le llevaron a perder el poder absoluto, con una estrategia burda: trasladar la etiqueta de “mentiroso” al gobierno del PSOE. Esas mentiras tenían que ver con la legalidad de la invasión de Iraq y, sobre todo, con la ocultación de datos, tras los atentados del 11-M en Atocha, para presentar a ETA como responsable de los mismos, cuando todos los indicios apuntaban a Al-Qaeda como respuesta a la activa participación española en la guerra de Iraq.
El nuevo gobierno del PP insiste en la misma estrategia, y así queda patente en la comparecencia de la vicepresidente y portavoz del gobierno, Soraya Saénz, tras el primer consejo de ministros, incidiendo en que este gobierno sí dice la verdad a los españoles.
Parece que la psicología juega malas pasadas, y el complejo de culpa aflora, tal vez como signo de que los años de oposición no han servido para lavar la culpa: no han pedido perdón a los españoles, no han ejercido la mínima autocrítica. Al contrario, han querido ocultar que, durante esa gran mentira, Mariano Rajoy era vicepresidente y responsable de la cartera de presidencia, al tiempo que Presidente del PP y candidato en esas elecciones de 2004 y, por tanto, principal beneficiario de la misma. Tampoco se quieren recordar “los hilillos” que simbolizan su nefasta gestión en el caso Prestige.
Se puede decir que lo anterior pertenece al pasado. Pero lo que no es de recibo es que con su pretendida verdad nos consideren tontos. En primer lugar, no es verdad que la primera prioridad y los máximos esfuerzos de del gobierno vayan a ser a combatir el paro, ya ha quedado patente que es el déficit; es decir, es el dinero y los banqueros y no el empleo y las personas en paro.
En segundo lugar, resulta patética la treta para intentar justificar sus medidas y el incumplimiento del anuncio electoral de no subir los impuestos (incluso cuando en el debate electora televisado, o en el propio discurso de investidura, Mariano Rajoy fue directa y reiteradamente cuestionado al respecto insistió en que no subiría los impuestos) consistente en decir que se han encontrado un déficit mayor que el previsto, que incluso se cuantifica (sin tiempo para auditorias,...) en 2 puntos, del 6 al 8%. En la escenificación de la misma, el nuevo ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, matiza que esa desviación se debe a las comunidades autónomas.
La treta se torna en esperpento: ¿en qué quedamos? Si las CC.AA. nos están sometiendo a recortes, en algunos casos sangrantes, por su déficit en sus presupuestos, el nuevo gobierno ¿va a duplicar estos recortes? Sonaría a sainete si no fuera por la gravedad de lo que está en juego: que la sumisión a los mercados, expresada en medidas como la reducción del déficit, exigen sacrificios que el nuevo gobierno no quiere reconocer, prefiriendo una vez más el cinismo, achacándolos a las mentiras de Zapatero. Esta era la despedida que le guardaban, incluso después de señalar un traspaso de poderes ejemplar.
En tercer lugar, mienten cuando quieren convencernos de que estas medidas pretenden que "los más débiles y vulnerables –pensionistas y parados- no paguen los esfuerzos de la salida de crisis", y que sus medidas suponen un reparto equitativo de los esfuerzos. En el caso de los pensionistas, insistir que se trata de un peaje, ya que esta subida de las pensiones ha sido un arma electoral, respuesta a la congelación de las mismas –excepto las más bajas- por parte del Gobierno Zapatero. Subida, por otra parte, meramente simbólica: un 1% que conlleva una pérdida de poder adquisitivo, al menos de 2 puntos.
Respecto a los parados prorrogan, por 6 meses los famosos 400€, sin aportar novedad alguna. El resto, una verdad a medias, que no deja de ser una mentira, como la subida progresiva del IRPF, que siendo cierta su progresividad, no significa que sea una medida justa ni equitativa. Y no lo es porque esta subida afecta casi exclusivamente a las rentas salariales, mientras que las rentas de capital, las inversiones,... quedan intactas. El famoso reparto de cargas se queda en nada.
Ese incremento significa, para el caso de los empleados públicos, que no sólo se congelan sus salarios, sino que pierden un 3% de poder adquisitivo por el aumento del IPC, más lo que le suponga la subida del IRPF. En plata, este año van a perder de media en torno a un 7%, recorte que se suma al recorte que ya aplicó el gobierno Zapatero y las sucesivas pérdidas de poder adquisitivo.
Desde el punto de vista de los trabajadores privados, este recorte tiene un valor simbólico ya que marca la senda a seguir en la negociación colectiva. Señal reforzada con la congelación del salario mínimo. Parece que para le PP los privilegiados son los funcionarios y las personas que tienen un empleo. No son los grandes rentistas, ni los grandes patrimonios, ni los grandes beneficios empresariales,....
En fin, cuando todavía no han logrado liberarse de su sentimiento de culpa, las nuevas mentiras acompañan la inauguración del nuevo gobierno. Y eso que muchos de sus miembros se mueven en la órbita del Opus Dei.
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