Asistimos estos días, y todo hace pensar que cada vez más, a fuertes movimientos reivindicativos en defensa de los servicios públicos, en particular la sanidad, la educación, los servicios sociales… amenazados de recortes y privatizaciones. Reivindicaciones que considero totalmente necesarias y justificadas.
Pero junto a esa necesidad de la defensa de los servicios públicos surge la necesidad de una revisión crítica de nuestra relación, en tanto que ciudadanos y usuarios, con esos servicios públicos, ya que me temo que con algunos comportamientos que se van generalizando estamos contribuyendo a su desvalorización y favoreciendo el caldo de cultivo para su privatización.
En ese sentido parece que nos comportamos como nuevos ricos, como recién llegados al estado de bienestar (o “medioestar”, como lo definen algunos) como discípulos de esa nueva “cultura de la satisfacción” que nos lleva a despreciar lo público si cuando su uso es generalizado. Así, cada día resulta más corriente encontrarnos con vecinos, compañeros de trabajo, familiares, etc. que despotrican de nuestros consultorios, porque están llenos de emigrantes, porque acuden “moros” y acompañan a sus mujeres a la consulta, …; manifiestan su malestar con las urgencias de nuestros hospitales porque también acuden inmigrantes, con las escuelas, …. Estos inmigrantes son el espejo en que nos descubrimos, y descubrimos nuestras miserias: nuestro miedo a la pobreza, a compartir los mismos espacios, las mismas habitaciones, o que nuestros hijos se sienten en sus pupitres.
Malestar que llega a los transportes públicos, que con frecuencia van abarrotados y eso hace que tengamos que rozarnos con otras personas. Más lejos aún, escucho a una compañera decir que eso de ir a Madrid en autobús, aunque sea mucho más barato que el AVE, es un “mal rollo”. Que va lleno de moros que se descalzan y huele fatal.
Desde el clasismo y la “aporofobia” (esa forma de racismo que significa la aversión a los pobres) ¿qué servicios públicos vamos a defender? Tal vez estemos olvidando lo esencial, que en este caso significa qué son y para qué son los servicios públicos, el estado de bienestar.
En ese sentido, conviene recordar, en primer lugar, que su sentido es el establecimiento de un sistema de protección social que evite que la población pueda caer en situaciones de pobreza absoluta. A renglón seguido conviene no olvidar que esa necesidad tiene que ver con el hecho de que el mercado es un mecanismo que asigna los recursos de forma cada vez más desigual; y con la globalización, esta asignación y desigualdad tenemos que entenderla en sentido planetario, mucho más que en épocas anteriores, en particular por esa dinámica a la que conduce el mercado dejado a su propia lógica (leyes de mercado) y que conduce a una centralización y concentración cada vez mayor del capital, es decir del poder, y por lo tanto del disfrute de la riqueza.
Para evitar una explosión social, fruto del funcionamiento del mercado, se han ido tejiendo ese conjunto de redes sociales de protección, en forma de sistemas de salud, ayudas familiares, prestaciones por desempleo, pensiones de jubilación, atención a los ancianos y discapacitados... teniendo como característica esencial que son redes de carácter universal, es decir que se aplican a todos los ciudadanos independientemente de su capacidad de pago.
Esto es lo que hace que los servicios públicos no puedan ser suministrados (en tanto que redes de protección social) por el mercado, que se caracteriza por discriminar en función del dinero de que dispone cada persona. Y aquí es donde aquellos comportamientos individuales, clasistas y selectivos, ponen en peligro el sistema, abriendo la puerta para que el criterio con que se valora no sea su rentabilidad social (dado que se excluye a algunos, o se cree que unos por ser de aquí tienen más derechos que otros,…) sino su rentabilidad mercantil o económica.
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