El “Programa Nacional del Reformas” documento que el
gobierno ha remitido a las instituciones europeas sacando pecho de las
reformas y recortes realizados y anunciando nuevas actuaciones en el
mismo sentido, no en vano Rajoy ha prometido hacerlo todos los viernes. Ojeándolo, veo que se anuncian reformas de las
condiciones de acceso y permanencia en la situación de incapacidad temporal de
los funcionarios, algo que se había anunciado y que viene en la línea de
desprestigio de la función pública y reducción de derechos de los empleados
públicos a que se ha entregado el PP en cuerpo y alma. Pero lo que más me llama
es la justificación (pág 93): “el fin de la reforma es reducir el riesgo moral
asociados al aseguramiento de las contingencias relativamente comunes, que se
traducen en una elevada tasa de absentismo entre los empleados públicos. Los problemas
de riesgo moral pueden verse agravados a consecuencia de varios factores: por
un lado, durante los tres primeros meses se perciben la totalidad de retribuciones
básicas y complementarias”. Sin comentarios.
Para el PP los funcionarios, como la persona en general, es un
ser constitutivamente egoísta, que trata de aprovecharse de las ventajas
económicas y, por tanto deben de ser reprimidos. Para ellos, no se trata de que
algunos funcionarios abusen de un derecho y, en consecuencia hay que vigilar y
exigir su cumplimiento. El problema es que todos son defraudadores e inmorales
y merecen ser castigados por ello.
Lo que me preocupa es
que no apliquen este mismo principio en todos los casos semejantes: las grandes
fortunas que evaden capitales o que aprovechan los recovecos legales como las
Sicav para evadir o pagar menos impuestos. A ellos se les indulta o simplemente
se considera que actúan dentro de la legalidad. Hasta tal punto, que el propio ministro
de hacienda, C. Montoro, era asesor financiero que aconsejaba estas prácticas;
por no hablar del Sr. De Guindos, y sus tropelías financieras.
Tampoco se aplica la misma medida, por ejemplo, a los
empresarios que defraudan el salario a sus trabajadores. Os recomiendo pasear
cualquier mañana por los juzgados de lo social y fijaros en el contenido de los
juicios…. Despidos improcedentes, impagos, fraude en el pago… Sion embargo, ni
siquiera es delito, ni siquiera deben pagar una multa… basta con que paguen lo
que han defraudado (si es que el juez o jueza se avienen a ello y no lo
justifican con enrevesados párrafos leguleyos). También se considera que es un espécimen
diferente a los mortales seres humanos. Que son buenos por naturaleza y no han
de ser castigados no perseguidos.
Pero aún hay otro espécimen que me sorprende más. Los políticos
y la corrupción (sobre todo si son del mismo partido que gobierna, verbigracia,
del PP). Ellos no tienen que ser penalizados por el riesgo moral de poder hacer
tratos con empresarios económicos o financieros, de favorecer sus proyectos, a
cambio de enriquecerse, personalmente o su partido… Es más, si hay riesgo basta
con cambiar al fiscal, a los jueces,… el caso es que sigan, pues por naturaleza
son buenos y no se equivocan como esos inmorales funcionarios que, según ellos,
alargan sus bajas sin que nadie ejerza su función de control. Pero ya se sabe,
a final paga poco pelo, se desprestigia la función pública y se exaltan y
defienden los negocios privados a costa de la cosa pública.
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