La primera impresión tras escuchar la presentación que de la reforma presentaron la vicepresidenta del gobierno y la ministra de trabajo (apareciendo todas sonrientes, como si se tratara de escenificar algo gracioso), tras escuchar las valoraciones de los secretarios generales de los dos sindicatos mayoritarios, y de haber realizado una lectura rápida del texto del BOE, es que no sólo contamos con un gobierno “arrodillado” ante los poderes que hoy gobiernan Europa, sino con un gobierno que quiere ponernos de rodillas al conjunto de los trabajadores frente a los empresarios, despojándonos de toda dignidad.
No se trata de una afirmación gratuita, se basa en la diversa y perversa consideración que reciben el “capital” y el “trabajo” a lo largo de los artículos de la reforma. A uno, el capital, se le presume que actúa de buena fe, que su interés es el bien común,… y en ese sentido se eliminan los controles administrativos sobre sus decisiones, despidos, Eres, se le facilitan subvenciones, deducciones sin apenas controles... A otros, el trabajo, se le supone que siempre actúa de forma fraudulenta, que trata de burlas los intereses generales y se mueve por intereses particulares. Queda especialmente de manifiesto cuando dice que la reforma pretende luchar contra el fraude laboral, y la medida que se adopta es que los desempleados que estén cobrando la prestación realicen servicios de interés general en beneficio de la comunidad, para así evitar el fraude, ya que desde su lógica los parados están en esa situación por propia voluntad y para enriquecerse; así mismo queda patente cuando se modifica el artº 52 d) del Estatuto de los trabajadores para señalar que el contrato de trabajo podrá extinguirse, por causas objetivas: “Por faltas de asistencia al trabajo, aún justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20 % de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, o el 25 % en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses”. Esto es, los trabajadores cuando cojamos la gripe, o lumbalgias y dolores debidos al propio trabajo, y no reconocidos como causa de enfermedad profesional-para ahorrarse unos euros-, estamos en riesgo de ser despedidos. El gobierno del PP, para crear empleo, facilita aún más el despido de las personas enfermas.
Estos, y otros ejemplos similares que atraviesan, con menor o mayor fuerza, el conjunto de las 64 páginas del BOE, hacen pensar el carácter del Estado que tenemos: un estado que mira sólo en una dirección, que interviene a favor de una de las categorías del proceso laboral y, en consecuencia, un estado deslegitimado y ante el que no cabe otra opción que la objeción y desobediencia, pues el caso contrario significa asumir y renunciar a la propia dignidad como trabajadores y como personas, para convertirnos en mercancía caprichosa en manos de unos empresarios que, a la vista del PP, actúan como hermanitas de la caridad o ONGs.
Esta visión se complementa con otra acerca de la moral el PP. Hoy los telediarios repiten de forma machacona las palabras de la secretaria general del PP. María Dolores Cospedal (que gusta de añadir el “de” a su apellido) que hasta ahora los sindicatos y trabajadores no se habían movilizado ni protestado por los 5 millones de parados, y lo hacen ahora contra el PP, sin razones, sólo por ser el PP. Olvida deliberada y malintencionadamente las dos huelgas generales que en los últimos años se realizaron contra el gobierno Zapatero (a las que incluso alude Rajoy para intentar justificar sus desafortunadas declaraciones), amén de otras medidas. Esta es la moral del PP: la mentira como norma, es desacreditar al contrario, sin argumentos, para lograr los propios fines… )Moral que se manifestaba también en declaraciones de líderes del PP alabando la justicia por la condena a Garzón, y que a poco que se tenga un poco de memoria resultaban ofensivas a nuestra dignidad como ciudadanos.
Mal comienza el PP, no sólo atacando las raíces más profundas de los trabajadores, sino reforzando en sus más altas esferas la mentira como norma y arma, con el beneplácito y altavoz de sus medios afines y cada vez más de los públicos, para intentar desarticular a los trabajadores y sus organizaciones, actuando como subalternos que tratan de hacer humillar al toro justo antes de ser descabellado.
No se trata de una afirmación gratuita, se basa en la diversa y perversa consideración que reciben el “capital” y el “trabajo” a lo largo de los artículos de la reforma. A uno, el capital, se le presume que actúa de buena fe, que su interés es el bien común,… y en ese sentido se eliminan los controles administrativos sobre sus decisiones, despidos, Eres, se le facilitan subvenciones, deducciones sin apenas controles... A otros, el trabajo, se le supone que siempre actúa de forma fraudulenta, que trata de burlas los intereses generales y se mueve por intereses particulares. Queda especialmente de manifiesto cuando dice que la reforma pretende luchar contra el fraude laboral, y la medida que se adopta es que los desempleados que estén cobrando la prestación realicen servicios de interés general en beneficio de la comunidad, para así evitar el fraude, ya que desde su lógica los parados están en esa situación por propia voluntad y para enriquecerse; así mismo queda patente cuando se modifica el artº 52 d) del Estatuto de los trabajadores para señalar que el contrato de trabajo podrá extinguirse, por causas objetivas: “Por faltas de asistencia al trabajo, aún justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20 % de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, o el 25 % en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses”. Esto es, los trabajadores cuando cojamos la gripe, o lumbalgias y dolores debidos al propio trabajo, y no reconocidos como causa de enfermedad profesional-para ahorrarse unos euros-, estamos en riesgo de ser despedidos. El gobierno del PP, para crear empleo, facilita aún más el despido de las personas enfermas.
Estos, y otros ejemplos similares que atraviesan, con menor o mayor fuerza, el conjunto de las 64 páginas del BOE, hacen pensar el carácter del Estado que tenemos: un estado que mira sólo en una dirección, que interviene a favor de una de las categorías del proceso laboral y, en consecuencia, un estado deslegitimado y ante el que no cabe otra opción que la objeción y desobediencia, pues el caso contrario significa asumir y renunciar a la propia dignidad como trabajadores y como personas, para convertirnos en mercancía caprichosa en manos de unos empresarios que, a la vista del PP, actúan como hermanitas de la caridad o ONGs.
Esta visión se complementa con otra acerca de la moral el PP. Hoy los telediarios repiten de forma machacona las palabras de la secretaria general del PP. María Dolores Cospedal (que gusta de añadir el “de” a su apellido) que hasta ahora los sindicatos y trabajadores no se habían movilizado ni protestado por los 5 millones de parados, y lo hacen ahora contra el PP, sin razones, sólo por ser el PP. Olvida deliberada y malintencionadamente las dos huelgas generales que en los últimos años se realizaron contra el gobierno Zapatero (a las que incluso alude Rajoy para intentar justificar sus desafortunadas declaraciones), amén de otras medidas. Esta es la moral del PP: la mentira como norma, es desacreditar al contrario, sin argumentos, para lograr los propios fines… )Moral que se manifestaba también en declaraciones de líderes del PP alabando la justicia por la condena a Garzón, y que a poco que se tenga un poco de memoria resultaban ofensivas a nuestra dignidad como ciudadanos.
Mal comienza el PP, no sólo atacando las raíces más profundas de los trabajadores, sino reforzando en sus más altas esferas la mentira como norma y arma, con el beneplácito y altavoz de sus medios afines y cada vez más de los públicos, para intentar desarticular a los trabajadores y sus organizaciones, actuando como subalternos que tratan de hacer humillar al toro justo antes de ser descabellado.
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