La presidenta del Consejo General del Poder Judicial
justifica trato de favor a Iñaki Urdangarin, marido de la infanta Cristina de Borbón, con
quien comparte la propiedad de las empresas por las que es acusado, señalando
que “no todos los imputados son iguales, no todos los casos son tratados con la
misma presión mediática...” Así que la presidenta de ese órgano entiende que la
justicia es igual para todos, pero el problema es que unos son más iguales que
otros.
En la misma aparición, la presidenta defiende a los jueces
que han inhabilitado al juez Baltasar Garzón, y defiende la independencia de
los mismos. Está que los políticos, los jueces,... viven en otro mundo y no se
enteran de la creciente fractura social que se está produciendo entre la
justicia, entre el cacareado estado de derecho al que aluden estos ilustres
ciudadanos, y la mayoría de la población, cuyo olfato de sabiduría popular les
dice que hay gato encerrado; que esa independencia es mera retórica cuando aún
tenemos en mente los intereses partidistas en el nombramiento de esos órganos independientes”,
aún tenemos frescas en la memoria al servicio de quién están los poderes del
estado cuando, sumisos y babeantes, el ministro de economía y el propio presidente de gobierno van a rendir sus ofrendas en forma de trabajadores sacrificados a los comisarios
europeos, sacando pecho de que “la reforma laboral va a ser extremadamente
agresiva”.
De lo poco lúcido que he escuchado ha sido a
Llamazares “ni respeto ni acato” una sentencia que parece injusta. Estos
poderes políticos, ni son independientes, ni sus actuaciones injustas nos representan. Si
aceptar el estado de derecho supone tragar con todas sus fantochadas, mejor
hacerse insumiso y combatirlo.
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