Constitución de los gobiernos autonómicos y recortes: ¿Dónde está el dinero?

La cantinela que más se repite estos días, especialmente por los ganadores en las elecciones,  que no hay dinero para el gasto público. Se refuerza esa afirmación con otras, como por ejemplo, que el anterior gobierno dejó deudas mayores de la que decían; que la crisis está disminuyendo los ingresos mientras aumentan los gastos públicos… En resumen, nos dicen alto y claro que no hay dinero para cubrir los gastos del sector público. Por eso, dicen, están obligados a efectuar recortes en los presupuestos, más aún si tenemos en cuenta las restricciones sobre el déficit público que marca  el Estado para poder cumplir con las exigencias de Bruselas. Y ello apoyados en una visión, que tiene mucho más de ideología que de ciencia, según la cual cualquier déficit es perjudicial, sin considerar siquiera si en la situación actual de crisis en que nos encontramos pudiera ser necesario algún impulso público a la economía. 

Pero, más allá de las evidencias que parecen desprenderse de una mirada que se queda en la inmediatez del corto plazo, hemos de adoptar una perspectiva más amplia, necesaria para desarrollar nuestra mirada crítica. Así, resulta que nuestro país, a pesar de la crisis, produce el doble de riqueza que en 1978, mientras que la población no ha crecido tanto. Entonces, ¿dónde está la riqueza de este país? ¿Cómo es que producimos más riqueza y no llega para el gasto social? ¿Dónde va a parar la riqueza que se produce?  

Una primera aproximación: según datos de distribución de la distribución funcional de la renta en España (que es un buen indicador de la relación de poder entre capital y trabajo existente en una economía) la participación del trabajo (salarios) en la misma no sólo no ha recuperado los niveles anteriores a la crisis de los años 70, sino que incluso en el periodos de crecimiento ha venido debilitándose. Hoy, de toda la producción, cerca de un 46% va al trabajo, y un 54% en el capital, y a partir de ahí se pagan los impuestos que cubren los gastos del sector público. 

Otras preguntas interesantes de hacerse giran en torno a ¿Quién paga y cuánto? ¿Cómo se está distribuyendo la riqueza que se produce en el país?. Brevemente podemos señalar que, sgún los datos sobre la contribución fiscal en España en el año 2010, la recaudación fiscal sobre los impuestos de la renta del trabajo (IRPF) y los impuestos sobre el consumo (IVA), impuestos que pagamos todos los ciudadanos, tuvieron una carga fiscal del 87% del total de los ingresos fiscales frente al 9,7% del impuesto de sociedades que pagan las empresas y del 1,7% con el que contribuyen las empresas internacionalizadas por los beneficios obtenidos por sus filiales en el extranjero. Resulta obvio que la mayor carga fiscal en España está siendo soportada por los ciudadanos, como trabajadores y como consumidores. El tópico de que las empresas pagan muchos impuestos se cae por su propio peso. 

Por otra parte, si nos fijamos en los contribuyentes empresariales, resulta que son las Pymes y los autónomos los que están detrás del 9,7% del impuesto sobre sociedades, con una tasa efectiva sobre los beneficios mayor que el de las grandes empresas.

Resulta vejatorio que en este contexto, en el que el esfuerzo fiscal recae sobre los contribuyentes más débiles (rentas del trabajo, pensiones, PYMES y autónomos), se siga proponiendo, como únicas salidas a la crisis sean las de la reducción del déficit y la del recorte del gasto. Y esto mientras que las empresas internacionalizadas, cuyos beneficios están gravados con un 30%, no llegan a pagar más de un 10% por exenciones, deducciones y otras figuras fiscales, resultando extremadamente llamativo que una mayoría de las empresas del IBEX 35 tengan presencia en los denominados paraísos fiscales.

Permanentemente nos hablan de que debemos reducir el gasto público. Pero ¿qué pasa con los ingresos? Parece lógico que si aumenta el gasto deberían aumentar también los ingresos. La actividad del sector público -estatal, autonómico, local- se financia con los impuestos, y éstos provienen de la riqueza que produce la sociedad. Si en conjunto somos el doble de ricos que al inicio de la Transición, ¿cómo es que las administraciones públicas no disponen del doble de recursos? Por el contrario, los ingresos públicos han disminuido a consecuencia del tsunami inmobiliario, por la caída de la actividad económica y debido a una imposición regresiva centrada en la presión fiscal a las rentas del trabajo, que actualmente se han visto reducidas por el descenso del empleo. 

El problema del gasto público no es que no haya suficiente dinero, sino que no aumentan los ingresos como debiera. En principio, quien más tiene y más gana tendría que pagar más para mantener los gastos de toda la sociedad, pero desde hace más de diez años, los impuestos de los que más tienen han disminuido, y en contrapartida suben los de la población en general, que vive precisamente de su trabajo: ha disminuido el tipo del IRPF de los más ricos, se han eliminado los impuestos sobre el patrimonio y, prácticamente, el de sucesiones y el de operaciones societarias, el impuesto sobre el beneficio de sociedades es muy bajo. 

Por si fuera poco, existen figuras que permiten que los grandes inversores paguen muy poco (SICAV y Fondos de inversión). Por no hablar del escándalo de los 80.000 millones al año de fraude fiscal en el conjunto del estado español y las pocas ganas de reducirlo. Claro que gracias a la burbuja inmobiliaria la hacienda pública ingresaba bastante dinero. Y que han aumentado mucho el IVA y otros impuestos como la gasolina, lo que significa que la mayoría de la población pagamos los impuestos que no quieren pagar los ricos. Para colmo, la Unión Europea ahora nos aconseja que aumente más el IVA, y así ¡reducir las cotizaciones sociales que pagan los empresarios! 

De esta mirada más larga y profunda sobre la realidad de la crisis se desprende que, más que  partir de un objetivo de déficit fijado, se debería plantear cómo aumentar los ingresos para cubrir los gastos necesarios. Más claro, de lo que se trata es de abordar el problema desde la raíz y plantear una reforma fiscal verdaderamente progresiva que aumente los impuestos a las rentas del capital, crecientes en los últimos años, y aumente la imposición a las rentas altas, mediante un incremento de los impuestos directos y una reducción los indirectos.

Pero todavía podemos ir más lejos en nuestras mirada crítica a la realidad y preguntarnos: si no hay dinero, ¿cómo es que los bancos y las grandes empresas tienen grandes beneficios y se están recuperando rápidamente de la crisis? ¿Cómo es que sigue aumentando el número de personas muy ricas? ¿o el de tiendas, hoteles y restaurantes de lujo?…. Si la sociedad produce riqueza para financiar este gasto privado, ¿por qué no se puede financiar el gasto social público?

Si nos fijamos, por otra parte, en los recortes que se plantean, estos están orientados a las limitaciones de personal (particularmente en las subcontratas de la administración), a la "racionalización" de las empresas públicas y a la "reprogramación" de inversiones, etc. Por otra parte, y aunque también suelen disminuir los gastos en investigación, desarrollo e innovación, se plantea apoyar el sistema productivo, algo que sin duda es necesario; pero entonces surge otra cuestión: las empresas que se benefician deberían responder ante las necesidades de la población y pagar más impuestos. Porque también es imprescindible que los más desfavorecidos de la sociedad dispongan de los servicios y derechos necesarios.

No sabemos si la construcción del AVE es tan necesaria -la prensa dice que construir un kilómetro de AVE supone un gasto al igual que la de la construcción de un hospital con 400 camas- ni si los millones de euros de la subvención a Spanair son realmente necesarios, pero sabemos que tenemos que mantener los centros sanitarios, las escuelas, construir guarderías, mejorar los servicios sociales y la ayuda a las familias desahuciadas por no poder pagar la hipoteca o el alquiler. 

Los recortes lamentablemente se llevarán a cabo sin escrúpulos, afectando a los sectores más básicos como la salud o la enseñanza. Como botón de muestra podemos fijarnos en lo que viene sucediendo en Catalunya desde que se formó el nuevo gobierno: Reducción del presupuesto en un 10%, que afectará a todos los departamentos, al de Salud con un 6,5% (900 millones de euros menos que están impactando drásticamente en el sistema público de salud, llegándose a cerrar plantas de hospitales y quirófanos); al de Enseñanza, con un 7,4 % (pero un plan de austeridad que cubrirá sólo el 50% de las plazas, reduce la oferta de plazas de profesorado a pesar del aumento de alumnos y mantiene los barracones),  al de Bienestar, con un 10%., aunque en el caso de la Secretaría de Familia llegan hasta el 74% (de 192 a 34 millones de euros): un recorte que resulta total para las familias inmigrantes que quieran acceder a las ayudas para niños de 0 a 3 años, si no acreditan cinco años de residencia. 

Pero nuestros políticos insisten y pretenden hacernos creer que los recortes no sólo son inevitables sino que son necesarios para la viabilidad del estado de bienestar. En realidad, lo que realmente hay detrás de estas políticas de corte neoliberal es la apertura de los servicios sociales al capital privado, en su búsqueda carroñera de negocios en un momento de crisis. Cuando estos servicios sociales estén fuertemente deteriorados debido a la supuesta falta de recursos se tendrá la excusa perfecta para su privatización.

Tal vez nos habíamos olvidado de que Vivimos en un sistema económico capitalista que tiene como objetivo la obtención de  beneficios para los dueños del dinero. Esto resulta incompatible, especialmente en momentos de crisis, con  que la mayoría de la población podamos mantener o mejorar nuestro sistema de vida, porque exige que una enorme cantidad de dinero vaya a parar a las arcas del capital. Allí es donde va el dinero, y eso es lo que hay que cambiar. De momento, parece lógico que asumamos una estrategia defensiva: que esta crisis no la paguemos los que no somos responsables, que la crisis que la paguen los ricos. Por ello debemos oponernos a los recortes sociales.

A más largo plazo, debemos pasar a una estrategia ofensiva, que pasa por transformar el propio sistema capitalista. No puede ser que en sociedades con capacidad de producir más y más riqueza disminuya la parte de esta riqueza destinada a cubrir las principales necesidades de la población para ir a satisfacer a los dueños del capital y los que gestionan nuestras sociedades. 

Estamos sufriendo una crisis económica con consecuencias sociales devastadoras y con unos planteamientos políticos que pretenden superarla dañando las condiciones de vida de la población. El resultado de esta ecuación no es otra que el estallido del conflcito social. Y ya se habían visto muestras de ello con una serie de luchas sectoriales antes de llegar a la actual contexto en que miles de personas han tomado las plazas en todo el estado español para hacer sentir su malestar. 
Nota: el artículo es deudor de las ideas leidas en la concentración del 14 deJunio en el Parc de la Ciutadella (Barcelona).