Tras el esperado, y fallido, debate electoral a cuatro
(fallido por un formato encorsetado, sin apenas posibilidades para el debate y
en el que, como comentó Cristina Almeida, los candidatos asemejaban opositores recitando
su examen ante el tribunal) veo la necesidad de abordar “otros” temas, esos que
no salen y sobre los que los candidatos guardan silencio, al igual que el Ebro
a su paso por el Pilar.
El primer tema, comunicación y política, lo ponen sobre el
tapete los trabajadores de Radio Televisión Española que aprovecharon el debate
a cuatro, entre los candidatos a la presidencia del gobierno, para protestar
contra la censura y la manipulación en los informativos.
Y no es de extrañar, pues a las tentaciones neoliberales del
gobierno entre las que cabe señalar la tentación de imponer el poder económico
sobre la decisión democrática -lo que solemos denunciar como secuestro de la
política por los poderes económicos- y el intento de querer contrarrestar el carácter
antipopular de las políticas de austeridad y recortes recogidas en sus
programas neoliberales, a través de un férreo control de los medios, a fin de someterlos
a su propaganda política, y que llega hasta querer aniquilar cualquier espacio
de información y comunicación no sometido a los poderes dominantes. Eso es lo
que se desprende, en el caso de España, de
la Ley mordaza y otras medidas en la misma dirección. A ello cabría añadir el
recurso de determinados medios a la calumnia y el desprestigio que tratan de
influir o condicionar el voto de los ciudadanos, desde unas clara voluntad de
servir a determinados poderes e intereses de las elites dominantes.
Agudizando un poco más nuestra mirada, cabe señalar que a
esos poderes no les basta con proteger sus intereses a través del control
monopólico de los medios, sino que además ejercen una política activa para
combatir cualquier atisbo democratizador de la información y la comunicación.
En el actual contexto social y político podemos hablar de un
importante ataque al derecho a la información que tienen los ciudadanos, así
como al de informar libremente que debe asistir a los periodistas. Recorte de derechos
que, en el caso de la democracia española, todavía no están suficientemente asumidos
y, en consecuencia, aceptamos con resignación y no los defendemos. Por ello, puede
que a las razones anteriores debamos añadir una nueva, relacionada con la “herencia
recibida”, en este caso de la dictadura, y según la cual el partido que gana
las elecciones, ya sea a nivel nacional o autonómico, parece seguir teniendo derecho a ejercer una
especie de derecho de pernada sobre la televisión pública.
Entiendo que esta forma de ataque a la libertad de expresión
y al derecho a la comunicación representa otra forma de corrupción, que agrava
el estado de nuestras sociedades, afectadas por la metástasis que representa la
corrupción económica.
Por ello, me resulta particularmente curioso que en debate
de los candidatos a presidente, en el que alguno de ellos son tan proclives a
utilizar la realidad venezolana, no hicieran referencia a dos países cercanos, sometidos
a las presiones de ese tipo de dictadura mediática del que venimos hablando. Me
refiero a Brasil y Argentina. En Brasil, donde acabamos de asistir a un golpe
palaciego, propiciado por una connivencia de intereses de los poderes fácticos -empresariales,
mediáticos, sectores judiciales, policiales- y de la derecha parlamentaria, con
el obsceno silencio de nuestras autoridades, tan proclives a denunciar la
violación de derechos humanos en otros países. Resultan especialmente
significativos, en el contexto de nuestra reflexión, los intentos del
presidente interino, Michel Temer, para cerrar el Ministerio de Cultura y para
intervenir ilegalmente la Empresa Brasileña de Comunicación, organismo creado
en 2007 para gestionar las emisoras públicas de radio y televisión. Más curioso
es como se ha denominado a la campaña, acompasada desde los medios de
comunicación, para este golpe: Partido de la Prensa Golpista.
Por su parte, en Argentina, nada más ser elegido presidente Mauricio
Macri decide, vía decreto ejecutivo, reformar la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual a fin de proteger y privilegiar a los monopolios
mediáticos que facilitaron su elección. Una ley que había sido aprobada en 2009
tras un laborioso proceso de participación ciudadana, con la participación de
una multiplicidad de sectores sociales y políticos. Sin duda reformas que
tratará de utilizar para ocultar su relación con los papeles de Panamá como
titular de dos sociedades offshore en
paraísos fiscales.
Bueno, sirvan estas
reflexiones para alertar de las amenazas y peligros a los que deberá hacer
frente cualquier intento de profundizar la democracia, de ampliar la
participación y el control de poder político, pero también económico y financiero,
por parte de los ciudadanos. Sirva
también para resaltar la importancia de la información y de la comunicación
como cauces para lograrlo y, por ello, convertidos hoy en ámbitos en los que el
conflicto socia se torna más arduo.
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