Hay, desde hace
años, una campaña de desprestigio hacia los servicios y empleados públicos lo
que, junto a la coartada de los recortes pro la deuda, ha propiciado la aprobación,
vía decretazo, del Real Decreto 16/2012, una disposición improvisada, con
medidas contradictorias en relación a otras leyes aprobadas recientemente.
En el
fondo subyace una intencionalidad: transformar el actual modelo del Sistema
Nacional de Salud, en un sistema de aseguramiento, que supone un ataque frontal
al sistema universal, gratuito y redistributivo.
El modelo actual
un sistema de cobertura universal (incluidos los inmigrantes irregulares),
financiado mediante impuestos y que opera principalmente dentro del sector
público. Los servicios son gratuitos en el punto de prestación, con la excepción
de los medicamentos recetados a personas menores de 65 años de edad, que deben
participar en el pago con una aportación del 40% del precio de venta al
público, con algunas excepciones-.
El cambio que propicia
el Real Decreto es la vinculación de la salud a un seguro. Esto es, se quieren fomentar
los seguros privados, cargándose la universalidad. Cambio drástico que rompe la
filosofía en que se apoyaba el Estado de Bienestar, la salud como un derecho básico
vinculado a los derechos humanos.
A fin de
facilitar y propiciar el debate cabe subrayar algunas consecuencias, y señalar
algunos ejemplos.
- Supone una grave agresión a los pensionistas por el aporte que pierden la gratuidad, teniendo que pagar el 10% de los medicamentos.
- Van a existir 7 tipos de tarjeta y los datos van a extraerlos de la declaración de la renta.
- Se van a excluir de la Seguridad Social fármacos para síntomas más comunes (paracetamol, etc...); esto es, los que más demandamos los ciudadanos.
- Se van a tener que pagar pruebas funcionales que, hasta ahora eran gratuitas (electros, resonancias...)
- En cuanto a los inmigrantes, serán acogidos en el sistema sólo aquellos que estén legalizados.
- Se están cerrando Centros por la tarde, en concreto Centros de Atención Continuada y otros servicios.
- La jubilación de los facultativos la fijan a los 65 años y la reposición de efectivos, se anuncia en un 10%. En Aragón los próximos años se van a jubilar 833, con lo cual, de mantenerse esta norma, se perderán 750 puestos de médico.
- Hay experiencias, como en Valencia, en la que el control de las recetas lo va a hacer una empresa privada, además se venden hospitales como el de Alzira, se privatizan servicios…. En cierto sentido (corrupción incluida) parece que valencia es un laboratorio de pruebas de las medidas del PP.
- Es un hecho comprobado que la población con menos recursos es la que más enferma y que la esperanza de vida que es menor en esta población. Si a esto añadimos la reforma, esta va a ser a costa de la salud y la vida de las personas pobres.
- etc...
A pesar de la
movilización de la ciudadanía para denunciar este ataque al Sistema Nacional de
Salud da la impresión de que muchos profesionales todavía no son conscientes de
la gravedad de las medidas. Es necesario desmenuzar la reforma y profundizar en
su significado y consecuencias.
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