Acabamos de asistir a una de las manifestaciones más tétricas del funcionamiento del capitalismo, y al anuncio de un grave delito, aunque una justicia basada en la defensa de la propiedad privada no lo reconozca.
Telefónica, al tiempo que propone repartir dividendos por un importe superior a los 6.900 millones de euros, anuncia su decisión de reducir costes a través de una doble vía: aumentar las retribuciones ya millonarias de su personal directivo en 450 millones en incentivos y, simultáneamente, despedir a 6.000 de sus 22.000 trabajadores.
Poco después leemos en la prensa que un trabajador de France Orange se ha suicidado. Se trata de un empleado de 57 años, padre de cuatro hijos, que decidió inmolarse a lo bonzo en el aparcamiento de la empresa en Mérignac, cerca de Burdeos.
Otro más, el segundo de este año, que añadir a la macabra contabilidad de esta plaga de suicidios que ya se ha cobrado las vidas, entre los empleados de la mencionada empresa, de trece empleados en 2008, diecinueve en 2009 y veinte y siete en 2010, año en que se produjeron otros dieciséis intentos de suicidio.
La reacción de los trabajadores, y la crisis social que está suponiendo estos suicidios hizo, después de 2009, que la dirección diera atrás con sus planes de reestructuración, la movilidad, los objetivos de producción, etc. pero la falta de empleos y los objetivos inalcanzables ejercen todavía una presión cotidiana sobre los trabajadores, como refleja el último suicidio.
En España, Telefónica, empresa privatizada por Aznar para favorecer a algunos amigos, y caracterizada por ser refugio de ex políticos, especialmente los vinculados al PP, ha decidido emprender el camino de France Télécom, una política delictiva y criminal. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a aguantar en este avance del dominio destructivo del capital sobre los trabajadores y las personas?
No hay comentarios:
Publicar un comentario