Un grupo de veteranos dirigentes sindicales y políticos italianos han redactado el siguiente manifiesto que pone de relieve muchos elementos comunes en la crisis que sacude la izquierda política y sindical europea. Su lectura puede ser ocasión para repensar nuestra coyuntura española, en la que también parecen imponerse la degradación y el deterioro de los derechos laborales y de su garantía en el sistema jurídico y político, de la mano de las medidas antisociales de salida a la crisis.
Hemos decidido constituir una asociación, «Lavoro e libertà», porque compartimos una común indignación cívica.
La primera razón de nuestra indignación
surge de la ausencia, en la lucha política italiana, de un interés por los derechos democráticos de los trabajadores y las trabajadoras. Así como mediante los mecanismos electorales los ciudadanos han sido privados de escoger a quien elegir libremente, del mismo modo –pero de manera aún más grave- un trabajador y una trabajadora no tienen el derecho de decidir, con su propio voto, sobre diversas opciones de acuerdos sindicales que fijan su salario, sus condiciones de trabajo y sus derechos en el centro de trabajo. Pensamos en acuerdos que no ponen en discusión derechos indisponibles. Hablamos, en el caso de los acuerdos sindicales, de un derecho individual que se ejerce de forma colectiva. Un derecho de la persona que trabaja que no puede ser sustituido por las dinámicas que se dan dentro y entre las organizaciones sindicales y empresariales, aunque éstas sean necesarias e indispensables.
De todo eso hay un doloroso rastro en la discusión política. Nosotros entendemos que éste debe ser uno de los elementos diferenciadores que han de estructurar las opciones presentes en las tareas políticas y civiles. La creciente importancia en la vida de todo ciudadano de las opciones que se han llevado a cabo en el campo económico debería llevar a un reforzamiento de los mecanismos de control político y de nivelación del poder económico. Sin tales mecanismos, en realidad, es más elevada la probabilidad –como lo estamos experimentando-- de sufrir duras consecuencias individuales y colectivas.
La segunda razón de nuestra indignación
es el continuo esfuerzo de una extensa parte de la política italiana de redimensionar la plena libertad de ejercicio del conflicto social. Las sociedades democráticas consideran el conflicto social –ya sea el de capital/trabajo, ya sea los movimientos de la sociedad civil sobre cuestiones atinentes a los bienes públicos y el interés público-- como la esencia misma de su carácter democrático. Sólo a través de un pleno despliegue, en el ámbito de los derechos constitucionales, de tales conflictos se equilibran las potencias económicas, se alimenta la discusión pública y se controla el ejercicio del poder político. En una sociedad democrática no puede existir un interés de parte, el de la empresa, superior a cualquier otro interés y razón. Así pues, los derechos –ya sean los individuales como los colectivos-- no pueden estar subordinados a los intereses de la empresa o del sistema de empresas o a los intereses superiores del Estado. La presunta racionalidad superior de las opciones puramente económicas y de las técnicas manageriales se ha evaporado en esta gran crisis.
La idea, tan cara al gobierno, - como a la Confindustria y la Fiat - , de una sociedad basada en la sustitución del conflicto social por la atribución a un sistema corporativo de equilibrio entre las organizaciones sindicales y empresariales, bajo la égida gubernamental, del poder de adoptar, bajo la forma del consenso, toda decisión relevante sobre los temas del trabajo –incluidas las actuales prestaciones del Estado de bienestar— es de por sí un íncubo autoritario.
Estamos estupefactos, mejor dicho, indignados, por el hecho de que sobre tales escenarios plasmados en decisiones concretas ya tomadas o de las que se anuncia su adopción en leyes y acuerdos sindicales no se ejerza, con relevantes excepciones, como la manifestación del 16 de octubre protagonizada por la FIOM, una asunción de responsabilidad que englobe al mayor número posible de fuerzas sociales, políticas y culturales para combatir, impedir y quebrar esta deriva autoritaria.
Nos indigna,
en fin, la continua reducción del trabajo, en todas sus formas, a una condición que niega la posibilidad de expresión y realización de uno mismo.
La precarización, la individualización de la relación de trabajo y la empresarialización de la regulación social del trabajo en un país donde la gran mayoría trabaja en empresas con menos de diez personas; el desmantelamiento de la legislación de tutela de la salud laboral y del ambiente de trabajo y la creciente dificultad –tras el autodenominado “collegato lavoro”, aprobado en el Parlamento— de que los trabajadores puedan recurrir a la tutela judicial, son los instrumentos materiales de este proceso de expolio de la dignidad de quien trabaja. Últimamente, se pretende la sustitución del Estatuto de los derechos de los trabajadores por un estatuto de los trabajos: la transformación lingüística es, por sí misma, explicativa del contenido que le corresponde. El tránsito de los portadores de derechos, los trabajadores que pueden exigirlos, a los lugares y a las actividades de trabajo, marca un proceso de abstracción/alienación en el que se reduce la efectividad de estos derechos.
¿Cómo es posible que, frente a la destrucción sistemática de un siglo de conquistas de civilización sobre los temas del trabajo no haya una respuesta a la altura de ese desafío?
Hay que volver a dar centralidad política al trabajo. Volver a poner el trabajo, el mundo del trabajo, en el centro de la agenda política: en la acción del gobierno, en los programas de los partidos y en la batalla de las ideas. Esta es, hoy, la vía maestra para la regeneración de la política y de un proyecto de liberación de la vida pública ante las derivas, la decadencia, la vulgarización y la autorreferencialidad que, en la actualidad, tan gravemente la caracterizan. La dignidad de la persena que trabaja debe ser la estrella polar que oriente toda decisión individual y colectiva.
Por estas razones hemos decidido constituir una asociación que se proponga suscitar en la sociedad, en la política y en la cultura una reflexión y una acción adecuada al intento de sostener todas las fuerzas que sepan moverse con coherencia en este terreno.
Bajo el título Apoyemos a la Federación Italiana de Obreros Metalúrgicos. suscriben el manifiesto Fausto Bertinotti, Sergio Cofferati, Gianni Ferrara, Luciano Gallino, Francesco Garibaldo, Paolo Nerozzi, Stefano Rodotà, Rossana Rossanda, Aldo Tortorella, Mario Tronti.
Información tomada de http://baylos.blogspot.com/
