Qué responsabilidades debe asunir la política en esta crisis

Tras el encuentro reseñado en la anterior entrada, surgieron una serie de interrogantes compartidos, y que se convierten en un estimulo para la reflexión personal, en un primer momento, que es el que comparto ahora en estas entradas y, posteriormente, a nuevos intercambios de ideas y debates enriquecedores.

Respecto a qué responsabilidades debe cargar la política en esta crisis? entiendo que todas dado que si la política es ese arte de organizar la convivencia, o si, utilizando palabras de Quin Brugé, la política es aquello que nos permite vivir juntos siendo diferentes y, dada la existencia de proyectos y puntos de vista que mantienen a la sociedad en tensión, su papel es transformar el peligro destructivo de los conflictos en potencial creativo, apostando por usar el diálogo como mecanismo para alcanzar respuestas y posiciones de síntesis, entonces asistimos al fracaso de la política. Ello no impide reconocer que, con la democracia liberal se han conseguido logros importantes, que ahora desaparecen o están amenazados. 

Volviendo al libro de Quim, propone como causa de ese fracaso que la política ha sido colonizada por la economía. Compartiendo la afirmación, me surgen interrogantes acerca del alcance y significado de esta colonización: 

• Vuelta al viejo liberalismo económico del laisser-faire. 
• Repliegue del Estado y disminución de su intervencionismo. 
• Intromisión de los intereses mercantiles en el sector público. 
• Una nueva lógica (normativa) que afecta a todos los terrenos de la acción pública y a todos los aspectos de los ámbitos social e individual. 
• Uso sistemático de la política favorable siempre a los más ricos (Robin Hood moderno), destruyendo las instituciones y dispositivos de solidaridad y redistribución instaurados al finalizar la IIª Guerra Mundial 
• Etc. 

Tiendo a creer, espero que lejos de teorías conspirativas, que esa colonización es resultado de un proyecto político neoliberal, basado en una antropología del sujeto económico, que pretende la eliminación del sujeto democrático / ciudadano[1], referente de la democracia liberal, para sustituirlo por el sujeto individual, calculador, consumidor y emprendedor, que persigue finalidades exclusivamente privadas en un marco general de reglas que organizan la competencia entre todos los individuos. 

Podríamos decir, a título ilustrativo, que el individuo pasa a ser considerado como una empresa, al acecho siempre de cualquier oportunidad de negocio en un contexto de absoluta y constante competitividad. 

Este cambio implica, por otra parte, una reducción del sujeto moral y político a mero calculador obligado a elegir en función de sus intereses propios; algo dramático para la “buena política” y que empieza a percibirse es aspectos como: 

• la reducción del sujeto a consumidor, y no a actor político 
• la invitación permanente a expresarse como tal, deseoso de no dar más de lo que recibe (por ejemplo, los impuestos en relación a la educación, la sanidad…) 
• disminución de las libertades individuales y colectivas, pues desde este punto de vista resultan un coste excesivo, cuando no un lujo 

El reducir todo al prisma económico tiene otras consecuencias, como la progresiva desaparición del equilibrio social basado en la división de poderes, lo que incluía una pluralidad de principios reguladores de la vida social. Aunque esta lógica no puede considerarse como nueva, y los gobiernos neoliberales / neoconservadores siempre han intentado acabar con la autonomía relativa de ciertas instituciones (justicia, sistema electoral, policía, administración pública) subordinándolas a sus intereses y al mercado (oligarquías económicas y financieras) no se había logrado tal grado de subordinación de las diferentes lógicas a la del interés hasta finales del siglo XX, lo que supuesto la quiebra del frágil y tenso equilibro entre economía capitalista y política liberal en que se basó el desarrollo del Estado de Bienestar. 

Con esto, me parece que el problema que afrontamos es más grave, pues no se trata sólo de conceder mayor espacio a un mercado supuestamente natural, reduciendo el terreno ocupado por el Estado y las regulaciones legales; lo que pretende ese proyecto neoliberal es construir una realidad institucional y unas relaciones sociales enteramente organizadas según los principios del cálculo económico de tipo mercantil. Y la clave del éxito es convertir a las personas (al mayor número) en clientes, en entes maximizadores de su utilidad. A ello, y parece que con buen éxito, se han dedicado en los últimos años ingentes esfuerzo; primero a través de la seducción (la propaganda, el consumo, las promesas…) y, cuando ha dejado de funcionar, con el recurso al miedo (ahí están las políticas neoliberales “activas”: privatización de servicios públicos, recortes…) como medio para la consecución de ese sujeto “calculador”, “responsable” y “emprendedor en la vida”, que cada día es empujado a aplicar la racionalidad económica en todos los ámbitos sociales: salud, educación, justicia, política… Pero tras la seducción y el miedo aún queda otra bala en la recamara neoliberal, a la que históricamente no ha dudado en recurrir, la violencia.

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[1] Ciudadano: aquel que, junto a otros ciudadanos iguales en derechos, expresa cierta voluntad común, y determina con su voto las decisiones colectivas y define lo que ha de ser el bien público.

Reivindicar la política. ¡Es la política idiotas!

Recientemente el profesor Quim Brugué ha escrito És la política, idiotes![1] libro que, en estos tiempos que corren, se atreve a reivindicar la política, algo que no sólo significa remar contra corriente, sino que para más de uno resultará una locura, cuando no una provocación. Sin embargo, entiendo que se trata de un ejercicio no sólo necesario, sino totalmente recomendable para no dejarnos arrastrar por esa corriente de destrucción de toda forma de política.

Con ese motivo recientemente he tenido la oportunidad, junto a un grupo de amigos, de escuchar a Quim exponer las principales ideas y tesis de su libro, y de compartir un amplio, pero inacabado, dialogo acerca tantas cuestiones tan presentes en nuestra cotidianeidad, y que el libro ayuda a resituar y redimensionar. Una experiencia sumamente gratificante que espero de pié a varias entradas en el blog.

Como frontispicio a su introducción Quim señala que la recuperación del crédito de la política pasa por denunciar todas las prácticas corruptas y perversas de la política actual, sin paños calientes, pero que siendo condición necesaria esta crítica no es suficiente para regenera la política, pues además requiere la puesta en valor que la política como algo positivo.

En ese sentido, cabe recordar que la política es algo totalmente necesario que nos posibilita vivir juntos, que es una fuerza civilizadora y, por el contrario, que la no-política es algo que siempre ha favorecido y favorece a los poderosos. En estos tiempos es frecuente referimos a la política como una selva, aunque en realidad es al revés: vivir sin política es vivir en la selva, sometidos a la ley del más fuerte.

Tras el título del libro, “Es la política, idiotas,” late una doble finalidad. Una, parafrasear aquel conocido eslogan que pusieron de moda los asesores de Clinton, “Es la política, estúpido” y denunciarlo como representación y punto álgido en ese movimiento de negación de  la política unido al auge neoliberal, sin olvidar que, precisamente la falta de política, o la renuncia de los políticos a hacer política, ha sido, y sigue siendo, uno de los agravantes de la dramática situación en que nos encontramos.

Otra, el término idiota como reivindicación de su significado clásico, cuando los griegos la utilizaban para referirse a aquel que no se ocupa de los asuntos públicos, sino solo de sus intereses privados. Idiota, por tanto, indica no solo lo opuesto a ciudadano, al que se ocupa de la cosa pública,  sino que además designaría una persona incapacitada.

Bueno, podríamos recordar a Gabriel Celaya y su poema La poesía es un arma cargada de futuro, a aplicárselo a la política. 

Poesía para el pobre, poesía necesaria

como el pan de cada día,

como el aire que exigimos trece veces por minuto,

para ser y en tanto somos dar un sí que glorifica.

Bueno, dejamos para otra entrada posterior que clase de política (poesía) es la que hoy es necesaria

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[1] Joaquim Brugué Torruella: És la política, idiotes! Accent Editorial, noviembre 2012 (escrito en catalán)

Poema Ímpetu

La poesía de Blas de Otero es una poesía que encaja en estos tiempos; una poesía para leer en voz alta y ronca; que no casa con voces tenues y melosas; unos versos que nos contagian en su búsqueda de respuesta, en su desolación ante el silencio, en su celebración de la vida... En concreto, este Poema Ímpetu nos transmite  entusiasmo ánimo para encarar al mundo. 

Mas no todo ha de ser ruina y vacío.

No todo desescombro ni deshielo.

Encima de este hombro llevo el cielo,

y encima de este otro, un ancho río

de entusiasmo. Y, en medio, el cuerpo mío,

árbol de luz gritando desde el suelo.

Y, entre raíz mortal, fronda de anhelo,

mi corazón en pie, rayo sombrío.

Sólo el ansia me vence. Pero avanzo

sin dudar, sobre abismos infinitos,

con la mano tendida: si no alcanzo

con la mano, ¡ya alcanzaré con gritos!

y sigo, siempre, en pie, y así, me lanzo

al mar, desde una fronda de apetitos.

Blas de Otero

De “Ángel fieramente humano” 1950

LA CORRUPCIÓN PÚBLICA (II): La regeneración democrática demanda más y mejor política

Mariano Berges, profesor de filosofíaArtículo aparecido en “El Periódico de Aragón” en fecha 2-2-13

Ahora más que nunca se generaliza la impresión de que es todo el sistema político el que está afectado, que la corrupción forma parte de la cultura política del país y que, por tanto, la desafección ciudadana está más que justificada. Si a ello añadimos el contexto de crisis y sufrimiento, la corrupción es un barril de dinamita que puede hacer estallar al propio sistema democrático que tanto esfuerzo ha costado a este país.

Posiblemente el principal problema de la corrupción en España es que no está reconocida con la gravedad penal y con la trascendencia social que debiera. Tiene más ruido mediático que consecuencias para los delincuentes. He leído en algún sitio que un fiscal afirmaba que “la corrupción política es crimen organizado”, y realmente tiene muchas de sus características: actuación en grupo, gravedad de la acción, blanqueo de dinero, influencia política… Y como tal hay que atacarla hasta extirparla,  especialmente en sus dos campos fundamentales: el urbanismo y la contratación pública de obras. Por ejemplo, acabar con el abuso del concurso frente a la subasta en los contratos de obras, con el pretexto de criterios cualitativos en la elección. La corrupción es mucho más grave de lo que pensamos. Ya hace muchos años, el pensador y periodista francés J.F. Revel explicaba en su ensayo “El conocimiento inútil” que la causa del retraso de los países africanos  no era el colonialismo ni las multinacionales explotadoras ni la falta de instrucción de sus habitantes, sino la enorme corrupción y opacidad de sus élites gobernantes (por cierto, todos ellos graduados en las mejores universidades del mundo), que posibilitaban y se aliaban con los corruptores para su propio beneficio.

Muchas son las causas de la corrupción en España y todas sobradamente conocidas: desde la deficiente y opaca ley de financiación de los partidos hasta la irresponsabilidad en la gestión de los recursos públicos. Casi nunca se suele citar la incompetencia, que también es otra forma de corrupción. Ocupar un cargo público sin tener capacidad es grave responsabilidad de quien lo pone y del que lo acepta. Y va a posibilitar, aunque sea inconscientemente, todo tipo de errores y corruptelas.

Pero también en la lucha contra la corrupción hay que matizar. Hay que ser menos categóricos y más eficaces. En todos los sistemas políticos hay corrupción, ya que es algo consustancial con la política. Que la corrupción ocupe mucho espacio en los medios y genere gran rechazo social es positivo, pues significa una mayor sensibilidad social y una mayor movilización en contra. Pero esto solo no es suficiente sino que hay que elaborar leyes que regulen la actividad interna de las instituciones y de los partidos políticos. Lo que causa más rechazo no es tanto los distintos casos que afloran en los medios sino los pocos indicios que se observan en su neutralización. ¿Para cuándo una ley de Transparencia realmente eficaz? Debería ser objetivo urgente de todos los partidos políticos. ¿Para cuándo una ley de Partidos Políticos que les obligue realmente a ser democráticos y transparentes, interior y exteriormente? El sistema actual no se va a regenerar de manera endógena. ¿Quién se hace el harakiri voluntariamente? Actualmente, la opacidad y cooptación son instrumentos fundamentales de los partidos, y sus dirigentes constituyen una barrera difícil de traspasar. Debe ser la presión social y la de los propios militantes la que obligue a los dirigentes a ser más democráticos. Porque la corrupción es eso, déficit democrático. Y ser militante de un partido no debe equivaler a ser un “hooligan”.

En España sabemos lo que ha pasado. No es cierto que estemos secuestrados por la corrupción, como algunos proclaman. Es cierto que existe un alto grado de corrupción entre las élites de todo tipo que dirigen este país. Eso es indiscutible. Pero sabemos cuál es el origen: la especulación inmobiliaria, la “necesidad” de los partidos para financiarse y el ansia de enriquecimiento desmedido de algunos dirigentes. Es eso lo que hay que destruir y no a la clase política en su conjunto. El momento actual de deterioro en España me recuerda mucho a la Italia de los años ochenta y noventa (Tangentopoli se llamaba en el argot periodístico), que acabó con el Partido Socialista Italiano y la Democracia Cristiana. Con una diferencia: en Italia las cárceles estaban llenas de políticos y mafiosos, en España no. Pero, cuidado con el populismo, luego aterrizó Berlusconi, puro populismo hortera, mafioso e ineficiente. La regeneración democrática demanda más y mejor política.

Mariano Berges, profesor de filosofía

El paro y la degradación de las condiciones de trabajo agudizan las desigualdades en España

Fernando Rodrigo. Publicado en la revista “porExperiencia” nº 58, editada por el ISTAS, Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud.

5.693.100 personas sin trabajo en el pasado mes de junio: el 24,63% de la población activa, una de cada cuatro personas está en paro. El letal cóctel de recortes presupuestarios, recesión y reforma laboral han llevado al récord histórico de desempleo en España. En el periodo de junio 2011 a junio 2012 se han destruido más de 885.000 puestos de trabajo y estas cifras siguen creciendo.

A finales de este año vamos a alcanzar los 6 millones de parados, ya ni el Gobierno se toma la molestia de desmentirlo. Se destruye empleo en todos los sectores y colectivos. En el sector privado, pero también –y cada vez más– en el sector público, que hasta 2011 no lo hacía –solo en el trimestre abriljunio más de 65.000 empleos perdidos y eso que aún no se contabilizan todos los empleos públicos no renovados en septiembre: profesores (decenas de miles), sanitarios, trabajadores sociales, despedidos por ERE en televisiones públicas, fundaciones, empresas, etc–. Un 5% menos de asalariados en las Administraciones Públicas, pero un 11% en los ayuntamientos. Solo el último día de agosto se produjo una caída de afiliados a la Seguridad Social de 194.970 personas, una cifra espectacular y sin antecedentes en meses similares de otros años. Lo que presagia muy malas expectativas de empresas y empleos definitivamente perdidos con el final del verano.

Entre enero y agosto, la cifra de personas apuntadas a las listas del paro se ha incrementado en 494.707 personas, un 11,98%. Pierden su trabajo las personas con contrato temporal, pero también las que tienen contratos indefinidos. La destrucción de los llamados empleos fijos es ya generalizada. Para esto se hizo la reforma laboral, para abaratar los despidos y facilitarlos, sobre todo para los que tenían contratos indefinidos. Se trataba de forzar una devaluación de costes salariales al precio social que fuera, con el desgarro que se hiciera necesario y así está sucediendo.

Hay un deterioro sin precedentes de nuestro mercado de trabajo que tiene efectos sociales inmensos, todos ellos tremendamente negativos para las personas y para la sociedad en su conjunto. No son solo los más de tres millones y medio de empleos destruidos en cinco años y la falta de horizonte que hoy existe sobre cuándo remitirá la actual situación, ni los jóvenes sin esperanza de encontrar un empleo digno de tal nombre, es también el aumento forzoso de los empleos a tiempo parcial debido a la imposibilidad de encontrar otros mejores. Hoy trabajan a tiempo parcial 1.457.000 personas, el doble que antes de la crisis. Estos empleos concentran todos los parámetros de la precariedad: temporalidad, salario bajo, inseguridad, escasa previsibilidad y certidumbre, dificultad para hacer una mínima carrera laboral ascendente.

Más trabajadores por cuenta propia –un total de 3.012.300– frente a la fuerte disminución que experimentan los trabajadores asalariados, que ya alcanzan las cifras de antes de la crisis. Muchos son los llamados trabajadores independientes –en su mayoría, falsos autónomos o personas que se ven obligadas a precarizarse a sí mismas para sobrevivir– y que constituyen una buena expresión de la crisis que atraviesa el trabajo asalariado y la falta de expectativas presentes y futuras. La economía sumergida y el empleo informal –por más deteriorado y precario que sea– están en crecimiento y suponen una válvula de escape en la hoya social de la actual situación, por lo que no es combatido de manera convincente por los gobiernos de turno. Ahí tenemos el 20% de nuestra economía sin aflorar y a una parte significativa de personas trabajando sin condiciones sociales ni laborales dignas de tal nombre.

Hay más de 1.700.000 hogares en los que todos sus miembros están en paro, un 27% de aumento con respecto al año pasado. O sea, en clara situación de pobreza o de amenaza de pobreza y de exclusión social. Aumenta también el paro de larga duración, el que supera el año, que ya afecta a casi tres millones de personas. Por tanto, las situaciones que vivimos tienden a convertirse en estructurales y así debieran de ser consideradas desde las políticas públicas. Pero desgraciadamente no se hace. El mercado de trabajo de nuestro país presenta unas características distintas al de la mayor parte de los países de la Unión Europea. Desempleo masivo muy superior a la media de la UE (24% frente a 11%), desigualdad territorial entre las comunidades autónomas (más del 33% en las del sur, Andalucía y Extremadura, frente a menos del 15% en las del norte, País Vasco y Navarra), el doble de empleo temporal y paro juvenil masivo. La temporalidad afecta más a las mujeres, a los jóvenes, a los mayores, a los inmigrantes y a las personas de menor nivel educativo. En general más a las actividades manuales no cualificadas que a las no manuales cualificadas. Factores todos ellos que abundan en la generación e incremento de desigualdades sociales.

La reforma laboral no solo no ha corregido ninguno de estos problemas, sino que ha venido a agravar todos y cada uno de ellos. Hoy tenemos un mercado de trabajo igual de dual –23% de contratos temporales– pero más precarizado, con empleos más amenazados y con más personas vulnerables; tanto en los em pleos fijos como en los temporales, en las categorías de trabajo manual y en las no manuales, entre los cualificados y los no cualificados, en los hombres y las mujeres y entre los jóvenes y los mayores. La precariedad –el precariado– entendida como situación de inseguridad y vulnerabilidad, bajos salarios, escasa protección social e incapacidad práctica para defender los derechos, alcanza a más del 50% de la población laboral, distribuyéndose de manera desigual según sexo, edad, ocupación y procedencia nacional, de forma que los trabajadores que forman el llamado precariado son mayoritariamente mujeres, jóvenes, trabajadores manuales y no manuales no cualificados e inmigrantes.

Ya no hay categorías, ni actividades ni colectivos al margen de la crisis ni del riesgo de sufrir el desempleo. La crisis y la reforma laboral nos están homogeneizando –a peor– a la fuerza. Solo 6 de cada 100 contratos que se hacen son indefinidos. La reforma laboral nos la trataron de vender diciendo que era para favorecer la contratación y fija y frenar la temporal, y lo que vemos es una destrucción de empleo generalizada y la utilización de las modalidades más precarias de contrato –temporales y a tiempo parcial– que no solo no se reducen de manera significativa, sino que aumentan, especialmente estas últimas. Frente a una destrucción de empleos a tiempo completo de 110.000 en el 2º trimestre de este año, se ha producido un aumento del empleo a tiempo parcial de 94.300 puestos de trabajo. El paro juvenil –menores de 25 años– asciende al 53,28%. La expectativa de encontrar un empleo para los jóvenes, en general, es muy baja y cuando lo logran, es con contratos de gran precariedad y salarios miserables. Para los universitarios, que hasta hace dos años encontraban trabajo con relativa facilidad, es cada día más débil –están abandonando nuestro país a marchas aceleradas–, dado que el sector público era el principal demandador de empleo para estas cualificaciones y perfiles profesionales, ya fuera en la educación, la sanidad, la judicatura, los cuerpos de inspección, la administración general, etc.

Menos empleos, de peor calidad y con condiciones de trabajo cada día más penosas. Los que hasta hoy mantienen el empleo, manifiestan cada vez más el temor a perderlo. Se les presiona para devaluar sus condiciones de trabajo bajo la amenaza de poner en riesgo su trabajo. Ello implica en muchos casos aceptar rebajas de salarios y/o categorías, aumento de horarios y modificaciones unilaterales, hacer horas extras sin cobrarlas, aumentar los ritmos, renunciar a días de vacaciones, etc. En definitiva, una degradación general y en todos los sectores de las condiciones laborales que no se producía en España en todo el periodo democrático