Estos días la administración aragonesa está tomando, bajo la coartada del ahorro energético, medidas de recorte en las contratas (limpieza,…) con una importante reducción del número de horas, sobre el 20%.
Llueve sobre mojado. Con la crisis el ajuste sobre las subcontratas está siendo bestial. El mecanismo es sencillo: la administración saca los pliegos a la baja; las empresas, ante las dificultades del mercado de trabajo, compiten rebajando aún más las ofertas económicas. Resultado: incremento de la explotación sobre las trabajadoras –es un sector fuertemente feminizado- a través de mil y una manera que las empresas tienen para aumentar sus beneficios aprovechándose de la necesidad imperiosa del salario de muchas mujeres: aumento de las horas trabajadas y no pagadas; “equivocaciones” en la nómina; trabajadoras que no son dadas de alta en la seguridad social, etc. Irregularidades que, por otra parte, implican una clara dejación en la función de inspección correspondiente a la administración, cuando no connivencia con las empresas, ya que se trabajan menos horas de las acordadas y no se descuentan en las facturas; prestación de menos servicios de los acordados (horas de especialistas: cristaleros, etc) sin que tampoco se descuenten; también se consientan otro tipo de irregularidades que, más allá de errores, avalan esa connivencia (véase, por ejemplo, escrito del Justicia de Aragón a la consejería de servicios sociales y familia). Todo ello, supone transferir dinero público a empresas privadas sin contrapartidas. En ese contexto, no se entiende que la administración opte, de forma unilateral y sin diálogo, por un recorte que basa su ahorro en un claro deterioro de los servicios públicos y en el paro o en menores ingresos de unos colectivos ya de por sí en los niveles más bajos. Medidas que implican que los colegios, hospitales, residencias de ancianos, centros de salud, bosques... van a estar un 20% más sucios.
Deciden ahorrar no desde lo que la lógica y el sentido común aconsejan: en primer lugar, reducir gastos superfluos y costes innecesarios (protocolo, imagen, asesores, coches oficiales, propaganda institucional, ayudas y subvenciones sin finalidad social muy clara, publicaciones innecesarias y un largo etcétera); en segundo, recorte de puestos de trabajo “excedentes”, sobre todo en servicios centrales cercanos al poder, donde se sobrecargan las plantillas, sin aportar valor al servicio público; sino como signo de poder; puestos, pues, al servicio de los políticos y no de los ciudadanos.
Tras estos ajustes necesarios, tanto desde un mínimo de ética pública como de la necesaria racionalización en la administración pública, existen otras medidas que se pueden aplicar, previa negociación con los trabajadores y trabajadoras que, sin duda, están comprendiendo mejor que los políticos el alcance de la crisis, ya que la sufren en sus propias carnes, y en consecuencia, están más dispuestos a buscar fórmulas más solidarias que las impuestas por la clase política: reajuste de horarios de apertura y cierre de edificios; reajustes en las jornadas, medidas eficaces de ahorro en el uso de calefacciones, refrigeraciones, iluminación...; uso adecuado de equipos y material informático, uso responsable de otros medios (fotocopiadoras, teléfonos,...)
Sólo algunos ejemplos que demuestran que existen márgenes amplios de ahorro energético y de reducción de costes sin hacerlos recaer sobre los sectores más explotados. Cierto que pueden tener un pequeño coste que no parecen dispuestos a asumir: enfrentarse con el sindicalismo dominante hoy en la administración, fuertemente anclado en el corporativismo y la defensa de privilegios, lo que hace más cómodo trasladar de las consecuencias de la crisis sobre los trabajadores de las subcontratas, aunque socialmente sea más injusto.
Injusticias que pueden verse en sectores como la limpieza, en el que los bajos salarios de las mujeres se están convirtiendo en la principal fuente de ingresos para muchas familias, ya que el paro en la construcción, industria metalúrgica... ha eliminado otras fuentes de ingresos. Estos recortes están condenando a muchas familias trabajadoras a no poder hacer frente a sus hipotecas o alquileres; a engrosar las filas de los parados o de las nuevas pobrezas. Cuestiones que no son fruto del azar, sino de decisiones como la que comentamos.
A nuestros políticos, encerrados en su autismo y ciegos a la realidad cotidiana de la gente de la calle, parece importarles poco que sus decisiones aumenten el paro y la pobreza; padecen del síndrome de inocencia. Ellos actúan movidos por las encuestas y su imagen, ya sea en aras de las próximas elecciones, ya para manifestar su sumisión a los verdaderos poderes de nuestra sociedad, el dinero en forma de capital en empresas y entidades financieras.
Ya está bien de políticas irresponsables, de hacer recaer el peso de la crisis sobre los más débiles; basta de políticos sin escrúpulos y sin imaginación, cuando no sin principios éticos y más comprometidos con el “mal común” que con el “bien común”.
