SOBREVIVIR A LA PATERA Y MORIR EN EL TAJO

El estudio sobre “Condiciones laborales y siniestralidad en el colectivo de trabajadores inmigrantes. 2 008”(*) analiza la tasa de incidencia de la siniestralidad laboral en los trabajadores en España, diferenciando el colectivo de trabajadores españoles y el de inmigrantes.

TASAS DE INCIDENCIA EN ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO
(nº de accidentes por cada 100.000 trabajadores)
	nacionales	extranjeros
ACCIDENTES TOTALES	4.889,34	6.567,18
Según sector económico
agrario	3.056,80	3.162,40
industria	8.392,90	14.533,20
construcción	10.939,40	10.488,70
servicios	3.388,40	4.608,40
ACCIDENTES MORTALES	4,79	7,62
Según sector económico
agrario	7,20	6,30
industria	6,10	13,30
construcción	14,70	14,60
servicios	2,90	4,60
Según tipo de contrato
contrato indefinido	2,79	2,72
contrato temporal	1,87	4,79
Subcontrata si / no
no subcontrata	4,00	5,32
si subcontrata	0,80	2,30
ACCIDENTES GRAVES	41,57	58,73
ACCIDENTES LEVES	4.842,98	6.500,83

Este estudio pone de manifiesto la mayor incidencia de accidentes en jornada de trabajo (incluidos los mortales) en trabajadores de nacionalidad extranjera que en el colectivo español, siendo mayor la diferencia en el caso de accidentes graves y mortales. Una incidencia mayor para todos los sectores de actividad excepto para el sector construcción, siendo en el sector Industria donde se encuentran las mayores diferencias entre estos dos colectivos.
Si atendemos al tipo de contrato, la incidencia es mucho mayor cuando los contratos son temporales que cuando son indefinidos, tanto para inmigrantes como para españoles. En el colectivo de trabajadores temporales se observa una frecuencia de más del doble en extranjeros respecto al colectivo español, ya sea para accidentes totales o mortales.
En el caso de contrato temporal, los accidentes mortales ocurren 3 veces más entre los trabajadores extranjeros que entre los españoles.. En el caso de empresas subcontratadas los trabajadores extranjeros sufren más del doble de accidentes totales y mortales que los trabajadores nacionales de este mismo tipo de empresas.
Atendiendo al tipo de lesión, en todos ellos existe una tasa mayor de incidencia en trabajadores extranjeros que en trabajadores españoles, excepto en “Infartos, derrames cerebrales y otras patologías no traumáticas”.
Comparativamente los trabajadores extranjeros sufren más accidentes mortales in itinere que los españoles; relación que es casi del doble para accidentes de tráfico. Otro dato, son casi ocho veces más frecuentes en el colectivo extranjero que en el español. los accidentes mortales in itinere en los que quedan afectados más de un trabajador
Respecto al lugar de origen, la mayor tasa de incidencia de accidentes de trabajo es para los trabajadores africanos y la menor para los trabajadores norteamericanos; y dentro de los trabajadores procedentes de África, son los mauritanos los que alcanzan la tasa de incidencia más elevada.
Ojo con las lecturas que se hacen de esta situación, pues puede ocurrir como con el presidente del Observatorio de Siniestralidad Laboral (OBSILAB), Diego Cabezuela Sancho, que achaca a los "inmigrantes" el aumento de los accidentes de trabajo debido a su "falta de formación profesional". Culpabilización que parece eximir las responsabilidades de las empresas, de la administración, para quienes los inmigrantes no serían sino fuente de benéficios o factor de mejora de las cifras macroeconómicas.

Ninguna persona es ilegal, y aún así hay muchas que de hecho lo son, los que explotan y los que se sirven de sus semejantes para crecer en poder y riqueza”. Saramago

Gn 4, 9-10: “El Señor preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano?. Él respondió: No lo sé; ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Entonces el Señor replicó: ¿Qué es lo que has hecho? La sangre de tu hermano me grita desde la tierra”.

(*) Publicado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo.

LA CÁRCEL, TALÓN DE AQUILES DE LA DEMOCRACIA

Corremos el riesgo de que la gravedad de la crisis nos impida ver la situación de aquellos que peor están en la sociedad. Una gravedad, por otra parte, que para la inmensa mayoría se presenta como miedo a perder su seguridad. Recordemos que según los datos de la última Encuesta de Población Activa (4º trimestre 2009) hay 1.220.000 hogares con todos sus miembros en paro, hay 4.326.500 parados y 3.886.200 trabajadores con contrato indefinido, Por otra parte hay 9.408.400 de hogares con todos sus miembros activos ocupados y 11.606.400 trabajadores con contrato indefinido.

¿Qué tiene esto que ver con la cárcel? Creo que es sencillo. Como ya señalo Galbraith vivimos en sociedades presididas por la cultura de la satisfacción, en sociedades en las que la política se hace para esos 2/3 (más o menos) de ciudadanos y trabajadores “satisfechos”, que son los que con su voto deciden que partidos van a gobernarnos. En este tipo de sociedades lo que más se valora es la propiedad, “mi propiedad” y, por tanto, la defensa de la misma a costa de lo que sea.

• Este mecanismo, el miedo a perder la seguridad y la propiedad, es el que está propiciando una transformación del estado de bienestar social en un estado penal. No en vano vemos como:- Hay partidos, especialmente los más conservadores y neoconservadores, que periódicamente tratan de captar votantes mediantes campañas sobre la inseguridad ciudadana, sobre la necesidad de barrer las delincuencia de nuestras calles, ..

• Asistimos a campañas mediáticas para el endurecimiento de las penas, incluso para que se reinstaure la pena de muerte. Alentadas por partidos que basan su liderazgo en la autoridad,
• Comprobamos como se penaliza el “top manta, de forma que lo que no es sino un problema social, una forma de supervivencia para muchas personas, se criminaliza en vez de resolverlos con medidas y políticas sociales activas.
• Pero simultáneamente vemos como otros problemas, como la corrupción, que supone atentar contra la propiedad común del conjunto de la sociedad, incluso de cantidades desorbitadas, no sólo apenas está perseguida y menos penalizada, sino que incluso muchas personas siguen depositando su confianza en partidos que han demostrado niveles de corrupción desorbitados.
• También resulta paradójico que este dinero re la corrupción sea utilizado para perseguir a los jueces que tratan de perseguirla, con lo cual se extienden las redes de corrupción, implicando en las mismas a despachos afamados de abogados, a otros jueces, a políticos.

Las consecuencias, una lucha de “todos contra el crimen” y en defensa de la propiedad y el individualismo que en la práctica se convierte en una persecución y acoso a extranjeros sin derechos, a pequeños delincuentes, drogadictos, que han llenado a reventar las macrocárceles, fruto de aquellas campañas sobre inseguridad.

Hoy, esta realidad, está dando unos frutos que se tratan de ocultar, porque dejan al descubierto el rostro inhumano de nuestra democracia: en lo que va del año 2010, tenemos noticia de 15 personas muertas en el Estado español mientras se encontraban bajo custodia, o en el transcurso de operaciones policiales, como denuncia el Centro de Documentación contra la Tortura. El año pasado, al menos 110 personas murieron en esas circunstancias. Desde el 1 de enero de 2001, existe constancia de 765 personas que han muertos en estas circunstancias, si bien las administraciones penitenciarias reconocen que en prisión se producen más de 250 muertes anualmente. ¿Cuántas muertes, y de las que no tenemos constancia se han producido en estos años?
Son tiempos en los que parece oportuno retomar la doctrina de Santo Tomás de Aquino que, en continuidad con los Santos Padres, opina sobre el robo realizado por necesidad, señalando que en tiempos de necesidad todas las cosas son comunes, y este derecho prevalece al de propiedad, que es un derecho subordinado. “Si la necesidad de alguien es tan grave y tan urgente que está claro que hay que remediarla con lo primero que se tenga a mano, entonces puede cualquiera remediar su necesidad con los bienes de los demás, tanto si los quita de modo público como secreto. Y esta acción no reviste carácter de robo” (II-II, q. 76, art. 7).

LOS RICOS NO PAGAN LA CRISIS

A las sicav no les van a subir la tributación

Una SICAV es una Sociedad de Inversión Colectiva de Capital Variable, que permite que un rico ahorrador que obtenga plusvalías en sus operaciones pague un 1%, frente al 18% que se tributa de forma normal, dado que cuentan con una posibilidad adicional frente a otros productos de inversión a la hora de retirar dinero: la reducción de capital con devolución de aportaciones, pues los reembolsos tributan sólo por el impuesto de actos jurídicos documentados y transmisiones patrimoniales, que grava entre el 0,5% y el 1% del importe retirado.

Señalar, como botón de muestra, que en los últimos meses grandes empresarios como Amancio Ortega (Inditex, Zara, …), Román Sanahuja (Metrovacesa), la familia Del Pino Acerinox, Indra, ..), la familia Polanco (Prisa) o los Serratosa Caturla (sector inmobiliario y que se vieron afectados por la estafa del caso Madoff),son algunas de las familias más ricas de nuestro país que poseen sociedades de este tipo y que se han reducido en gran medida el capital de sus SICAV para ganar liquidez en sus negocios. En el caso del dueño de Inditex, por ejemplo, ha reembolsado 570 millones de euros de sus sociedades de inversión desde que estalló la crisis de las hipotecas basura.

Estas deducciones de capital, aunque legales, constituyen un agravio frente a otros productos, y suponen una fiscalidad ventajosa, que no deja de ser una inmoralidad y una injusticia. Actualmente existen en nuestro país 3.347 Sicav que manejan un patrimonio total de 24.943 millones de euros, que tributan sólo al 1%.
Las condiciones para tener una SICAV son tener, como mínimo, un capital de 2.400.000 € y conseguir juntar 100 socios. Para la inmensa mayoría, aunque nos juntáramos más de 100 socios sería imposible juntar el capital mínimo; pero para otros lo complicado es lo segundo, dado que tienen mucho dinero (la media de cada SICAN es de 7,2 millones de €) pero no consiguen o no quieren otros socios, con lo cual el mínimo se completa con empleados de las entidades financieras que gestionan estas sociedades, como favor al rico de turno.

Lo escandaloso del caso es que a pesar de la que está cayendo con la crisis, a pesar de que las consecuencias se siguen haciendo recaer sobre la inmensa mayoría de trabajadores (paro, eres, congelaciones salariales, aumento de los impuestos, …) a estos reducto para ricos no les va a llegar la reforma fiscal que tiene previsto aprobar el gobierno en el mes de marzo. La excusa para no hacerlo es la ecitar que se fuguen a paraísos fiscales. Queda claro el nivel de compromiso para luchar contra la crisis de los propietario sdel capital y la riqueza.

Fraude fiscal en el IVA
El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda ha presentado el informe “Evolución de la recaudación por IVA en los años 1995-2008: radiografía de un gran fraude fiscal“. Allí se analiza la evolución del IVA entre 1995 y 2008 (ya la crisis en plena ebullición) y señalan aspectos como “A partir del año 1999 y hasta el año 2007, (…)El problema recaudatorio, en estos años de bonanza económica, es doble: de una parte, las cuotas de IVA devengado crecen a menor ritmo que la actividad económica, lo cual ha de ser entendido como un aumento de la economía no declarada fiscalmente y por tanto opaca a la Hacienda Pública, y de otra, la actividad económica legal declara de manera persistente un incremento de las cuotas deducibles superior al de las cuotas devengadas, lo cual permite diagnosticar un aumento del fraude fiscal en la economía no sumergida en estos años de desarrollo económico”.

“El año 2008 se produce un descenso abrupto en la recaudación impositiva. Volvemos a observar el doble fenómeno de aumento de economía sumergida (las cuotas medias declaradas descienden a pesar del incremento del PIB), y de aumento del fraude fiscal (las cuotas devengadas medias por declaración decrecen más rápidamente que las cuotas deducibles medias por declaración)”.
Estiman que “En conclusión, nos encontramos que en el año 2008 las cuotas de IVA dejadas de ingresar podrían acercarse a los 17.176 millones de euros, lo cual supone un 1,58% del PIB de dicho ejercicio. Vemos asimismo que el fenómeno defraudatorio, cuantificado en más de 71.156 millones de euros en los últimos 9 años, afecta tanto al período de crecimiento económico comprendido entre el año 2000 y 2007, como al año 2008, periodo de ralentización económica que vino acompañado de una abrupta caída en la recaudación impositiva”.

Después de criticar la subida del IVA, dado que lo que se pretende recaudar es bastante menos que lo que supone el fraude fiscal, señalan que: “El fraude fiscal ha pasado de convertirse de una lacra social, perniciosa en términos de equidad e igualdad de trato contributivo para el conjunto de los ciudadanos, a un peligro real de sostenibilidad administrativa”.

MIRADA A LA REALIDAD CON HUMOR

TRASFONDOS EN LA NEGOCIACIÓN DE LOS DESPIDOS EN OPEL

Asistimos estos días a la negociación de las condiciones para hacer efectivo el “éxito” del Gobierno de Aragón y los sindicatos en Opel España, al conseguir que “sólo” se despidieran a 900 trabajadores. Ahora se trata de que se vayan un poquito mejor que otros parados, al fin y al cabo se trata de despedidos de marca y no de vulgares parados.
Este humor negro tiene que ver con las persistentes muestras de ceguera y dejación de responsabilidades de Gobierno y sindicatos ante la tendencia que se adivinaba para la industria del automóvil y que se confirmaron con los inicios de la crisis.
Esas tendencias tienen que ver con los importantes retos a los que el sector de la automoción debía hacer frente: unos “tradicionales” debidos sobre todo a la fuerte competencia de los países emergentes; otros relacionados con la necesidad de importantes cambios tecnológicos para encontrar respuestas a la crisis de las energías procedentes de los combustibles fósiles.
La confirmación por la crisis se produce con uno de sus momentos más paradigmáticos: la quiebra de General Motors que, en cierto modo, se convierte en expresión de la quiebra del capitalismo imperial que representaba. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Hemos de tener en cuenta que en el automóvil se ha construido un marco de relaciones particular basado en un doble eje:
1. Trato privilegiado, por parte de las administraciones, con constantes inyecciones de dinero público para afrontar problemas recurrentes (deslocalización, despidos…) y que han posibilitado un chantaje permanente por parte de las grandes empresas.
2. Presencia sindical excesivamente dócil: Por una parte, se ha priorizado el mantenimiento de la actividad de la empresa a largo plazo sobre los efectos de las condiciones de trabajo de los trabajadores (apenas se ha ofrecido resistencia a los procesos de subcontratación, de flexibilidad, precariedad, a los despidos, etc.). Por otra, se ha basado excesivamente en suplicas al gobierno para que concediese más subsidios a una producción que se estaba hundiendo. Docilidad que da pié a pensar en determinadas contrapartidas, no siempre confesables (el caso de Toyota puede ser significativo, cuando se denuncian despidos que no afectan a los afiliados de los sindicatos firmantes de los pactos).
Este modelo de relaciones laborales “esclavas” ha dado lugar a un espectacular incremento de la producción y ventas. Pero ha limitado, desde la lógica del capital, las reformas estructurales y las inversiones en investigación modelos menos contaminantes. Por otra parte, ha permitido aumentar los beneficios, pero ha dado lugar a pocas mejoras significativas para los trabajadores. Y si los trabajadores ya fueron los paganos durante los 10/15 años de espectacular crecimiento, ahora con la crisis se empeora su situación, ya que su posición de fuerza se ve permanentemente debilitada. Y eso sin hablar (pero sin olvidar) de otros trabajadores más parias, los de las empresas auxiliares.
Signo de esta subordinación de gobiernos y sindicatos a las multinacionales son las ayudas al sector automóvil: ¿Es coherente que los estados ofrezcan miles de millones de euros de ayuda a la patronal para que mande a la gente al paro a la vez que mantiene una producción nociva para el clima? Una política que no se aplica a otros sectores y que rompe cualquier coherencia con la política y compromisos medioambientales.
¿Se puede hacer otra cosa?
Entiendo que no estamos derrotados y que es posible otra política y otra acción sindical, aunque hacen falta convencimiento y valentía.
Tal vez lo primero es aprender a leer la crisis: no verla como catástrofe, sino como oportunidad. Si no es sostenible ni beneficioso continuar produciendo coches, la crisis nos ofrece una oportunidad: reconvertir la producción automóvil en productos útiles a la sociedad y duraderos a largo plazo, y que creen empleo. Ello implica abordar otro tipo de problemas como, por ejemplo, la mentalidad individualista en la movilidad y en el uso coche, el consumismo. Es necesario y posible salvar a la vez los empleos y el clima.
La existencia de importantes ayudas públicas abre otras posibilidades: formas de control público de la industria automóvil; apuestas por una reconversión de la producción haciéndola ecológicamente útil (tranvías, autobuses ecológicos, trenes, etc. ), que mantengan los empleos.
Estas alternativas precisan un requisito: mayor implicación y participación de los trabajadores, a través de un sindicalismo renovado, si es posible, o a través de otras formas de organización obrera que la posibiliten y haga posible. Lo que está pasando es algo muy serio, para dejarlo en manos de empresarios, políticos profesionales o burocracias sindicales. Esa participación de los trabajadores es, además, la que puede abrir las puertas a otras iniciativas creadoras:
• Reducir el tiempo de trabajo para evitar el que unos trabajen cada vez más duramente y más tiempo mientras que otros van al paro. Utilizar dinero para preservar y crear empleos para todos, con menos horas por persona.
• Disminución y limitación de los grandes salarios de ejecutivos, directivos, .. No es difícil y so supone perdida de “competitividad” para las empresas.
• Plantearse la utilización de los recursos y capacidades técnicas de los obreros del automóvil para otros tipos de producción.
• ...

PARIAS EN LA ADMINISTRACIÓN

A propósito de la reducción de gastos en las administraciones públicas.

Se viene hablando estos días de la contención del gasto en las administraciones públicas y, como aparecía en la prensa aragonesa, El gobierno de Aragón pide a los funcionarios que ahorren en teléfono, papel y viajes; esto es, se pretende ahorrar en base al gasto corriente, lo cual en principio parece algo positivo, aunque basta enfocar un poco más la mirada para darnos cuenta de que una vez más se trata de medidas publicitarias, que no quieren ir al fondo de la cuestión: los gastos corrientes representan un 3,53% del Presupuesto de la Comunidad.

Pero esta medida tiene un importante valor simbólico, ya que en buena medida resume la posición de las administraciones:

1. Responsabilizan a los otros, a los funcionarios públicos, del despilfarro. El problema del gasto se reducen a un problema de moral personal de los funcionarios, especialmente los “operativos” (auxiliares administrativos, …), negando que existen otras partidas mucho más proclives al despilfarro, como los gastos de personal , por ejemplo, que representan cerca del 40% del presupuesto.

2. Hacen recaer el recorte sobre lo pequeño.

a. En primer lugar, sobre la partida más pequeña; esto es, de la que por más que se exprima, al final se puede ahorrar muy poco, por bien venido que sea el ahorro, siempre y cuando no repercuta en un deterioro del servicio; por ejemplo, que a terapeutas ocupacionales se les nieguen materiales (cartulinas, …) para trabajar con las personas mayores, enfermas, discapacitadas, … ; que los servicios de atención a personas enfermas carezcan de los mínimos medios, …

b. Hacer recaer buena parte de los recortes sobre “los otros trabajadores” de la administración: el personal de las subcontratas, que se están convirtiendo en los verdaderos paganos de los recortes, a través de una gestión que, podemos decir, se produce con “nocturnidad y alevosía”. Nocturnidad, porque se hace a la sombra de procedimientos de contratación cada vez menos claros. (Por ejemplo, al amparo de la nueva ley de contratación, las administraciones disponen de instrumentos como la homologación de bienes y servicios (seguridad, limpieza) que es justificada en un ahorro de gestión, posibilita reducir la competencia entre empresas, al seleccionar un número muy reducido de empresas (se excluyen las pequeñas, las “débiles”, ¿las honradas?), al tiempo que se reduce la publicidad y transparencia de los procesos. Así las cosas, no resulta difícil entender la alevosía: el establecimiento de connivencias entre administración y empresas, a fin de que cada una alcance sus objetivos: la administración ahorrar lo más posible; las empresas obtener el máximo beneficio (queda como tema para otra entrada el comportamiento de los sindicatos, y sus extrañas alianzas con algunas de estas grandes empresas, multinacionales a veces). Vemos, pues, como las empresas presentan ofertas cada vez más bajas, al tiempo que la administración relaja su vigilancia y celo (incumplimiento de condiciones de los pliegos, de la obligación de sustituir bajas, de cubrir todas las jornadas previstas, de las calidades en los productos, …). Añadir, que además es un proceso silencioso, invisible: son trabajadores y trabajadoras con sueldos muy bajos (muchos, ni siquiera mileuristas); con poca fuerza y capacidad organizativa, ignorados por los sindicatos de la función pública,… Lo más grave, que una administración pública, para más inri autodenominada socialista, favorece y protege una situación en la que el capital tiene todos los derechos y los trabajadores ninguno, una situación en que las personas que quieran actuar en sentido contrario, parecen condenadas al fracaso.

3. Finalmente, como viene siendo habitual, las medidas carecen del necesario “liderazgo moral” que sería exigible a los cargos políticos, a los responsables de la administración pública y, por extensión, al conjunto de funcionarios y trabajadores.

a. ¿ Acaso la situación de paro y empobrecimiento de amplios sectores no está exigiendo una decisión firme de acabar drásticamente el despilfarro, de controlar y replantear los sueldos de los políticos (empresarios, finanzas); sus viajes, sus protocolos, … para dar paso a un empleo lúcido y sensato de los recursos de que se disponen?

b. Esto no se puede quedar en manos del Gobierno y del partido en el poder. Afecta a todos, partidos, sindicatos, asociaciones,… También a las personas concretas que, como ciudadanos y trabajadores, algo tendrán que decir.

c. La situación actual está pidiendo la implantación de una ética pública, la necesidad de una “liderazgo moral”, pues la crisis de valores está afectando a todos los niveles del quehacer humano (social, económico, político) y estimulando una falta de confianza y de esperanza en los líderes políticos, al tiempo que un gran sentido de solidaridad.

No cabe duda de que la situación es compleja y acertar con las soluciones no es tarea fácil. Ahora bien, lo que no es perdonable, bajo ningún concepto, es la continuidad, aunque sea bajo otras formas, de la corrupción, la tolerancia de políticos y sindicatos con la misma, y la insolidaridad en la vida pública del país, especialmente con los menos favorecidos, con sus propios parias.